“Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, ni siquiera está declarada insolvente. Y mientras tanto, puede estar ganando dinero con un documental“. Es la denuncia pública que hizo hace cinco meses Patricia Ramírez señalando a la asesina de su hijo, Gabriel Cruz. Siete años después del crimen, y seis de la condena que obligaba a Quezada a pagar 250.000 euros a los progenitores, sólo les ha abonado 233 euros a cada uno. Ni tres euros al mes. A ese ritmo de pago, habría tardado 140 siglos en asumir el montante total; ese medio millón que la Audiencia de Almería fijó para indemnizar a la familia, al que además tendría que sumar los 200.203 euros que debe al Estado por los gastos derivados de la búsqueda del niño.
Verónica Guerrero, la abogada de la madre del menor asesinado, es quien ha propiciado la decisión judicial de proceder al embargo del dinero que Quezada tenga en cuenta. Desde el peculio a cualquier otra pensión o asignaciones posibles. El matiz viene derivado de la objeción presentada por la condenada. Ana Julia alega que parte de lo acumulado se debe a donaciones particulares que le han hecho terceras personas interesadas en hacerle “más llevadera su vida en prisión”. No consta si entre los donantes está la supuesta novia que tiene en Barcelona, una joven que asistió al juicio como oyente y cuya fascinación por la asesina derivó en una relación epistolar.
Ana Julia se niega al embargo
La confianza entre ambas llegó al punto de tener que declarar en la causa abierta en la Audiencia de Ávila por supuestos tratos de favor de funcionarios a cambio de tener sexo con Ana Julia Quezada tras los muros de la cárcel de Brieva. Allí, el último empleo penitenciario de la asesina fue en cocina. Aunque su abogado alega que la presa lleva dos años sin ejercer ninguna actividad remunerada, y que el dinero que pudo ingresar no supera el salario mínimo vital con lo que debería ser inembargable. Lo que discrepa de lleno con la apreciación de Guerrero.
De hecho, existen precedentes sobre el aval de la justicia al embargo de las cuentas de un condenado. Ha pasado con etarras, pero el caso más reciente es de Miguel Carcaño. El asesino de Marta del Castillo cobraba una nómina de 644 euros al mes en su penúltimo destino, en Herrera de La Mancha (Ciudad Real), antes de ser trasladado al penal de Archidona (Málaga) porque encontraron en su celda dispositivos electrónicos prohibidos. En su caso se descartó la trama sexual, pero en paralelo le llegó la decisión de la Audiencia de Sevilla de embargarle sus ingresos para indemnizar a la familia de la joven sevillana asesinada en 2009.
Una cantidad “irrisoria”
“No ha pagado nada”, han declarado siempre unos tajantes Antonio y Eva, los padres de Marta del Castillo a los que Carcaño debería haber indemnizado con 360.000 euros. A ellos y a sus otras dos hijas, hermanas de la joven, de acuerdo con la sentencia que, en 2012, lo condenó a 21 años entre rejas. Desde el principio asumieron que no abonaría el pago. Pero el asesino aún tuvo la desfachatez de hacer una propuesta en 2019, diez años después de matar a Marta: propuso pagar 20 euros al mes. Entonces, no sólo recibió el rechazo de la familia y la repulsa social, sino que la Audiencia de Sevilla se lo denegó por considerarlo “una cantidad irrisoria”. Carcaño habría tardado 1.400 años en pagarlo todo.
Un imposible. Aunque no es el único condenado que, al declararse insolvente para afrontar el pago de la indemnización, se descubre como estratega financiero. También los cinco de ‘la Manada de Pamplona’ tuvieron su cuota creativa. En su caso, Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada condenado por violar y después robarle el móvil a la víctima propuso el año pasado un “plan de pago” de 10 euros al mes para afrontar los 100.000 euros a los que fueron condenados a pagar conjuntamente a la joven que violaron en grupo.
Negocios criminales
No planes de pago como tal, pero sí acuerdos rentables para monetizar el interés que despiertan entre productoras, canales de televisión y editoriales. Es lo que en el último año ha trascendido en el caso de varios asesinos y asesinas. A saber, desde la propia Ana Julia Quezada a César Román ‘Cachopo’ o José Bretón y Angie Molina habrían recibido ofertas sustanciosas por dar su versión, o al menos lo habrían pretendido con la excusa en algunos casos de tener unos ingresos con los que indemnizar a los familiares de sus víctimas. Pero, en mayor o menor medida, se ha conseguido parar apelando precisamente al dolor que causan para lograr ese propósito, en caso de que sea creíble. Cuanto menos la justicia no lo considera lícito. Tampoco la presión social gracias a la que, en última instancia, hasta se consiguió paralizar la publicación del libro que revisaba el concepto de la maldad por boca del parricida de Córdoba.
