“En prisión, las mujeres están privadas de casi todo y están dispuestas a muchas cosas”. Quien así lo describe es voz autorizada, con décadas asistiendo en el ámbito penitenciario, reconoce que casos como el de Ana Julia Quezada no están a la orden del día. Lo que en absoluto significa que no existan. Tanto abogados como asociaciones y sindicatos que trabajan en prisiones coinciden en que una acusación por cohecho, o que se investigue a un funcionario por intercambio de favores, con posible abuso de poder, es gravísimo per se. Pero en sí, el ‘caso Quezada’ no es la punta del iceberg.
Tampoco se puede hablar de cifra oculta. De hecho, nadie ha elaborado un estudio con las denuncias interpuestas por internas. Ni oficialmente, desde Instituciones Penitenciarias, ni en revistas especializadas. A nivel judicial, el último funcionario condenado por hechos similares fue juzgado hace tres años. Según quedó probado, a cambio de tener sexo con la pareja del reo hacía la vista gorda con su entorno, que introducía en prisión ropa y comida no autorizada. Diez años antes, también en Alcalá Meco, el escándalo hizo caer de manera fulminante a la cúpula de la prisión. El delito quedó acotado igualmente a un funcionario y a una presa. Entonces, el intercambio fue de sexo por drogas y alcohol.
¿Por una manzana podrida hay que fumigar el manzano entero? Es la pregunta que sobrevuela el último episodio ocurrido en Brieva, y que no oculta cierto cansancio e indignación en la respuesta: “No se ve cómo intervenimos cada día. No somos meros carceleros. Tenemos normas que regulan nuestro trabajo y nos debemos a ellas, pese a la falta de recursos”, se quejan a la postre los funcionarios. La mayoría afirma que casos como el de Ana Julia Quezada no les representa. Desde Instituciones Penitenciarias recalcan que son los primeros interesados en que este tipo de conductas, “que generan tanto desprestigio y son gravísimas”, se corten de raíz. A tal efecto, señalan que las presas tienen suficientes cauces para denunciar cualquier hecho, ya sea un robo, una amenaza, una coacción o por supuesto una posible agresión sexual.
La propia Quezada habría usado estas vías, en busca de asesoramiento. Lo habría hecho, además, con anterioridad a la investigación judicial en curso. Pero, una vez más, sobre el recorrido de esa consulta se cierne el silencio.
La omertà impera incluso entre las fuentes consultadas por Artículo14. Nadie quiere salir del anonimato. En parte, por no exponer a las presas: “Cuesta ganarse su confianza en un contexto cerrado y viciado”. Pero la falta de datos que sirvan de aval tampoco ayuda. Entre los escasos estudios publicados destaca uno, “La sexualidad en el ámbito penitenciario”, en el que se citan las palabras de un psicólogo que en 2019 atendía en el centro penitenciario de Mallorca; también aparece citado de forma anónima: “La sexualidad tiene un carácter utilitario. El dinero aquí vale de otra manera, el precio de las cosas es diferente, las relaciones son diferentes… Por estar aislados de la sociedad y por una cierta subcultura carcelaria que lleva implícitos esos favores sexuales”.
Según declaró Ana Julia Quezada, ella tuvo sexo con el funcionario a cambio de “perfume, chocolate, crema y cositas”. Ante el juez añadió que no siempre se trató de relaciones consentidas, “no le podía decir que no. Es un funcionario”. La complicación a la hora de verificar estas denuncias radica, precisamente, en el “mundo opaco” donde transcurren. De un lado, porque existe una evidente relación de superioridad. Del otro, “porque no es un espacio libre de envidias, celos y venganzas”. Con un añadido extra, “entre rejas también hay falta de cariño”. En ocasiones, los expedientes abiertos por sospechas de cohecho se han cerrado tras manifestar la presa que no quería verse perjudicada por el funcionario. Las denuncias “no salen gratuitas”. La presión sobre las denunciantes se ejerce a veces hasta el punto de que pidan el traslado durante el proceso para evitar cierto aislamiento o posibles castigos indirectos.
¿Hay solución posible? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Se podría evitar el intercambio de favores, aunque fuera un caso entre un millón? “Sin duda”, responden indistintamente a Artículo14: “La remuneración siempre ayuda”. En este sentido, quienes tienen acceso a plazas de trabajo estable, como lavandería, cocina o panadería, pueden ingresar unos 200 o 300 euros al mes, en concepto de salario. No es mucho, pero por así decirlo viven a pensión completa. “Por poco que hagan, siempre ayudará que ganen algo para evitar así la necesidad de trapichear para conseguir sellos, café o tabaco”. Estos dos últimos son los productos más demandados, junto a las llamadas telefónicas. “Y si estas necesidades por las que realizan ese intercambio estuvieran cubiertas no se daría este fenómeno”, aventuran, mientras el ‘caso Quezada’ sigue su curso en los juzgados.