Durante los últimos meses, la palabra “guerra” ha resonado (y sigue haciéndolo) con fuerza en Europa. El avance de Vladímir Putin en Ucrania ha encendido las alarmas en todo el continente, forzando a las naciones a tomar medidas drásticas. Los presupuestos de defensa han aumentado y la necesidad de preparación militar es ahora una prioridad indiscutible. En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿qué sucedería en España si se enfrentara a una situación de guerra? ¿Habría un reclutamiento forzoso?
El incremento del gasto militar en España
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el Gobierno español ha incrementado el gasto militar, dirigiendo el presupuesto de Defensa hacia el 2% del PIB, en línea con las expectativas de la OTAN. Sin embargo, el discurso oficial evita abordar la guerra con la claridad que muestran algunos vecinos europeos. A pesar de esta reticencia, la Constitución Española, en su artículo 30, deja claro que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”. Este mandato constitucional establece las bases para un posible reclutamiento forzoso en caso de conflicto armado.
Las banderas de España y la Unión Europea (Shutterstock)
En una situación de guerra, el procedimiento para el reclutamiento forzoso en España estaría claramente definido y organizado. El primer paso sería una convocatoria por parte del Consejo de Ministros a los reservistas voluntarios y los de especial disponibilidad. Este grupo incluye a exmilitares que dejaron el servicio activo al cumplir los 45 años y a civiles que han solicitado su adscripción a las Fuerzas Armadas. En total, se estima que este grupo está compuesto por unas 8.000 personas.
Autorización del Congreso y convocatoria de civiles
Si este contingente inicial no fuera suficiente, el Gobierno tendría que solicitar la autorización del Congreso para convocar a civiles sin ninguna vinculación previa con las Fuerzas Armadas. La ley estipula que este reclutamiento forzoso afectaría a personas entre 19 y 25 años. Este grupo de jóvenes recibiría un cuestionario sencillo en el que deberían aportar información voluntaria sobre su estado de salud y preferencias en cuanto al tipo de unidad militar a la que les gustaría incorporarse.
El proceso no se detendría en la simple recopilación de datos. Los jóvenes seleccionados serían sometidos a reconocimientos médicos y pruebas psicológicas y físicas para asegurar su aptitud para el servicio militar. Una vez superadas estas pruebas, recibirían su uniforme y serían integrados en las Fuerzas Armadas con el empleo de soldados. En este punto, estarían sujetos a las mismas leyes penales y disciplinarias que rigen la vida militar, y se esperaría de ellos el mismo comportamiento y disciplina que de cualquier otro soldado en activo.
