La Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha condenado a Alonso G., agente de la Policía Local, a 35 años y seis meses de prisión por el asesinato de su esposa, María de los Ángeles Lozano, cometido el 14 de marzo de 2022 en la vivienda familiar del barrio Parques de Ceuta. El fallo, dictado por un jurado popular y firmado por la magistrada y presidenta de la sala, Rosa de Castro, considera probado que el acusado actuó con alevosía, motivado por años de maltrato psicológico y violencia, y disparó a la víctima en presencia de su hija menor.
Según quedó acreditado durante el juicio, aquella mañana se produjo una discusión en la cocina del domicilio por una cita médica perdida. En lugar de salir de la estancia, Alonso G. se dirigió hacia el lugar donde había dejado su arma reglamentaria, cargada y lista para disparar. Su hija, menor de edad, trató de interponerse. El acusado la apartó con el brazo y, a un metro escaso de distancia, apuntó al pecho de su esposa y disparó. Después, se dirigió al salón, donde estaba su hijo, y le dijo: “llama a la Policía, que tu madre está muerta”.
Nueve años por las secuelas permanentes a su hija
El tribunal impuso 22 años y medio de prisión por el delito de asesinato con las agravantes de género y parentesco. El jurado consideró que Alonso G., diagnosticado con trastorno paranoide de la personalidad y trastorno bipolar, actuó con dolo eventual, es decir, fue consciente del riesgo mortal de su conducta y asumió el resultado.
Por las lesiones psíquicas causadas a su hija, quien presenció el crimen y padece un trastorno de estrés postraumático crónico con secuelas permanentes, ha sido condenado a nueve años y un día de prisión. Finalmente, por un delito contra la integridad moral se le ha condenado a un año y seis meses al considerar el tribunal que tuvo un trato degradante durante el crimen para con su hija, quien intentó sin éxito impedir el disparo mortal.
Además, fue condenado a dos años y seis meses por maltrato habitual en el ámbito familiar. Durante años, la víctima vivió bajo un control constante, gritos, amenazas veladas y restricciones de su vida social. Sus hijos crecieron en un entorno de violencia psicológica sistemática. En el caso de la hija, testigo directa del asesinato, la sentencia le reconoce secuelas graves de estrés postraumático.
La maldad de la hermana del asesino
El fallo incluye otras penas accesorias: 32 años y medio de alejamiento respecto a sus hijos, cinco años de retirada de la patria potestad y prohibición de portar armas, así como cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena.
El tribunal también decide sobre la responsabilidad civil e impone una indemnización conjunta superior al millón de euros. La hija recibirá 500.000 euros —200.000 por el fallecimiento de su madre y 300.000 por las secuelas psicológicas—. El hijo varón, 220.000 euros; la madre de la víctima, 100.000; y la hermana, 75.000. La Ciudad Autónoma de Ceuta también es condenada por responsabilidad civil subsidiaria debido a fallos en el control de armas y la supervisión psiquiátrica del acusado, agente en activo pese a antecedentes de inestabilidad mental y retirada previa del arma en 2001 y 2007.
La madre también le defendió
El juicio quedó marcado también por las controvertidas declaraciones de la familia del condenado, que trataron de desviar la atención del acusado. En particular, la hermana de Alonso G. causó indignación al declarar que estaba “cada vez más convencida” de que fue su sobrina quien mató a su madre durante un forcejeo. Alegó que la joven lo habría hecho de forma consciente para lograr su “libertad”, basándose en su supuesta actitud despreocupada tras el crimen. La testigo no denunció nunca estos hechos ni solicitó la custodia de sus sobrinos.
La madre del condenado, una mujer octogenaria, negó toda violencia de género y defendió a su hijo como una persona alegre, cariñosa y querida por sus compañeros. Describió una “relación idílica” entre el matrimonio y afirmó que los problemas mentales comenzaron tras su ingreso en el cuerpo policial. Ambas testigos repitieron la tesis de la defensa, desmentida rotundamente por la hija, quien testificó que intentó impedir el disparo mortal y que fue su padre quien apretó el gatillo.