El Consejo de Gobierno de la Sección de Filosofía y Ciencias Sociales del Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha suspendido la junta de gobierno de la Asociación Catalana de Sociología (ACS), dirigida por miembros de CREA, el grupo de investigación de Sociología de la Universidad de Barcelona (UB) liderado por el catedrático emérito investigado por coerción sexual y abuso de poder.
Además de la suspensión de los miembros de la Junta de gobierno, se han adoptado medidas cautelares con el objetivo de proteger el funcionamiento de la ACS: suspensión de todas las actividades internas y externas de la asociación, intervención y bloqueo de la página web y de las redes sociales, intervención de las cuentas económicas y anulación de todas las reservas de espacios de la ACS en las instalaciones del IEC. Estas medidas se mantendrán hasta que se apruebe una resolución definitiva.
En paralelo, el IEC ha tomado la decisión de abrir una investigación interna del funcionamiento y la actividad de la ACS desde la elección de Marta Soler como presidenta el año 2017, quien es la mano derecha del catedrático acusado por 11 mujeres de la UB. Esta investigación será llevada a cabo por una comisión integrada por Maria Corominas, Josep González-Agàpito y la secretaria de la Sección y delegada del IEC en la ACS, Mireia Grau. La comisión tendrá un período de tiempo de tres meses para entregar el informe con las conclusiones a las que haya llegado. El Consejo Permanente deberá adoptar una resolución en un plazo máximo de seis meses, un proceso que incluirá un trámite de audiencia para que las personas afectadas puedan presentar alegaciones.
En las últimas semanas diversas instituciones y colectivos han expresado públicamente su preocupación por las prácticas atribuidas al grupo de investigación CREA. La Federación Española de Sociología ha emitido declaraciones condenatorias, mientras que la Asamblea Feminista de la Universidad de Barcelona ha reclamado medidas adicionales para proteger a las víctimas, incluidos estudiantes, así como el cese de cuatro investigadoras del grupo. Además, Comisiones Obreras ha anunciado la retirada de Lídia Puigvert, también vinculada a CREA, de su candidatura en las elecciones sindicales de la Universidad de Barcelona.
La situación también ha provocado reacciones en otros centros académicos: ocho grupos de investigación en sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han denunciado formalmente la relación entre CREA y la Junta Directiva de la ACS, un posicionamiento que la Junta rechazó en una carta dirigida a los socios y publicada en la web de la sociedad.
En defensa de CREA, la presidenta en funciones de la ACS, Olga Serradell, manifestó su desacuerdo con la retirada cautelar, ordenada el 21 de noviembre, de vídeos institucionales del IEC que incluían entrevistas con el catedrático investigado y su mano derecha, la actual directora de CREA, Marta Soler.
Paralelamente, la Oficina Española de Integridad Científica trasladó información adicional al IEC sobre supuestos casos de mala praxis académica vinculados a CREA, expresando su preocupación por la proximidad entre el grupo y la dirección de la ACS. Según la Sección de Filosofía y Ciencias Sociales, la concurrencia de estos hechos compromete la integridad de la Associació Catalana de Sociologia y afecta directamente al Institut d’Estudis Catalans, del cual la ACS es una sociedad filial.
El caso CREA, actualmente bajo investigación de la UB, se ha convertido ya en una macro causa, donde se investigan prácticas del catedrático emérito, que habrían incluido masajes y relaciones sexuales con doctorandas y académicas, en un marco de subordinación jerárquica. Las prácticas habrían tenido lugar en las últimas dos décadas. Está previsto que la comisión de investigación de la UB que estudia los hechos haga públicos sus resultados en las próximas semanas.
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