“Aquí ha pasado algo contra mi voluntad”. Es la sensación que tenía la presunta víctima cuando fue atendida en su casa, a las afueras de Ferrol (A Coruña), el pasado 27 de diciembre. El estado en el que la encontró su sobrino a media tarde y el relato de hechos que hizo ante los agentes que se personaron en su domicilio tras el aviso del 112 hicieron saltar todas las alarmas. “La situación era muy extraña…”, coinciden las fuentes consultadas. La mujer, de 58 años, de perfil discreto y conocida en la localidad, se mostraba confusa y aturdida.
En el presente artículo, de acuerdo con el redactado de la Ley solo sí es sí, omitiremos la identidad de la denunciante, pues en ningún momento ella ha salido a la palestra motu proprio. No hay abogado o portavoz que haya ratificado ninguna información en su nombre. Y por ley, queda expresamente prohibido divulgar la identidad de una víctima de violencia sexual, “si ella no lo ha consentido”.
No así el denunciado. Este miércoles, el propio Alfonso Villares se situaba en primer plano al anunciar su retirada de la política tras saberse investigado por presunta agresión sexual. Como conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, la notificación le llegó del Tribunal Superior de Justicia por estar aforado. En cuanto renunció al cargo, perdió el aforamiento, con lo que pasa a ser investigado como ciudadano de a pie. Lo cierto es que la causa vuelve al juzgado de instrucción número 2 de Ferrol en la que cayó en un primer momento, a principios de año, y donde se mantuvo hasta mediados de mayo, cuando la jueza decidió elevarla al TSJ de Galicia.

“El juzgado de Ferrol debería haberse inhibido en cuanto vio el nombre del implicado”, apunta la abogada Nuria Vargas a preguntas de Artículo14. ¿Por qué no le citaron a declarar hasta ahora?, ¿por qué no se le requisó el móvil?, ¿por qué no se solicitó una entrada y registro en su vivienda? Para todas esas preguntas la respuesta es la misma: al ser político y por tanto estar aforado -hasta su renuncia hace tres días- no se podía practicar ninguna de esas diligencias desde el juzgado que estaba instruyendo la causa, el de Ferrol, pues no tenía competencia para ello. Pero en cuanto lo elevó al tribunal competente, el TSJ de Galicia, y al poco el político dejó de serlo la causa volvió sin más a Ferrol. Un vaivén inexplicable para fuentes judiciales y policiales.
“Tememos que haya podido aprovechar este tiempo para borrar pruebas”, reconocen sin ocultar la impotencia. “De hecho, hay una alta probabilidad de que Villares haya cambiado el dispositivo, que se le haya roto o se le haya caído”, vaticina Vargas. Penalista con larga experiencia en delitos contra la libertad sexual, señala la dificultad a la que se enfrenta una víctima de presunta agresión sexual. Si además concurre la sospecha de que pudo ser drogada, la complicación es mayor: “Obviamente, ellas están en shock, no recuerdan muchos detalles e incluso les cuesta denunciar”.
La denunciante de Alfonso Villares se personó en comisaría cuatro después de ser asistida en su casa. “Estaba aturdida, medio desnuda y con la actitud de quien no es consciente de lo que estaba pasando”, detallan las mismas fuentes de la investigación, que reconocen que en un primer momento todo apuntó a una posible sumisión química. Incluso por el hecho de que ella recordase haber bebido sólo un vaso de agua que le ofreció el propio Villares. Que él resultara ser veterinario de formación se sumó a las sospechas; por su condición, se le podía presuponer un mayor acceso a determinadas sustancias.
Sin embargo, la ciencia no ha avalado esta vez el testimonio de la víctima. A la conocida presentadora ferrolana, se le practicó un examen toxicológico, pero el resultado de este ha sido negativo. “El problema de los casos de sumisión química es que el rastro desaparece muy rápido, en apenas 24 o 48 horas. Por eso es crucial realizarse la prueba cuanto antes”, recalca la experta de Vilches Abogados. El protocolo está especialmente definido en estos casos, sobre todo cuando se tiene una atención casi inmediata a los hechos. La toma de muestras se hace en el hospital, mediante analítica en sangre y revisión de cavidades, por si hubiera restos químicos a nivel vaginal, anal u oral.
“Para mí es crucial la pericial psicológica”, añade Vargas, que enmarca esta necesidad en la sentencia del caso Alves. Desde la absolución del futbolista hace dos meses ha cambiado el paradigma: “Es un reto más para los peritos. Ahora no sólo hay que demostrar la credibilidad subjetiva de la víctima, sino también la fiabilidad objetiva del testimonio”.
Por su perfil, a la presunta víctima de Villares no se le atribuye ánimo espurio. Así lo indican fuentes policiales. En su declaración, el mismo sobrino que llamó al 112 también reconoció haber visto al expolítico saliendo de la vivienda con paso normal, sin un gesto que llamara su atención. Los días siguientes a los hechos, Villares mantuvo su agenda oficial, como así atestiguan sus redes sociales. La última publicación es del mismo día en que anunció su retirada del cargo. Se espera que en breve sea llamado a declarar en calidad de investigado por presunta agresión sexual por el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, que desde abril acoge expresamente los delitos cometidos contra la libertad sexual.