En una época donde los grandes discursos políticos se enfrentan a la desafección ciudadana, hay reformas que, sin grandes titulares, transforman silenciosamente el día a día de miles de personas. La ampliación y mejora de los permisos por nacimiento y cuidado de hijos aprobada esta semana por el Gobierno es una de esas medidas que dignifican lo cotidiano. Y, aunque llega tarde y con recortes respecto a lo pactado entre los socios de coalición, no deja de ser una conquista social relevante.
El nuevo decreto-ley aprobado permite ampliar los permisos retribuidos hasta un total de 19 semanas —17 por nacimiento y dos adicionales por cuidado del menor hasta los ocho años— y reconoce un derecho largamente reivindicado por las familias monoparentales, que podrán alcanzar hasta 32 semanas retribuidas. No es poca cosa. España avanza así en la senda europea de protección a la infancia y conciliación corresponsable, cumpliendo —por fin— una directiva comunitaria que debería haber estado vigente desde agosto de 2022.
No se puede obviar, sin embargo, que este avance llega tras una multa de casi 10 millones de euros impuesta por Bruselas, y fruto de una negociación interna con más fricciones de las que el Gobierno habría deseado admitir. Durante más de un año, Sumar presionó al PSOE para dar luz verde a una medida incluida en su acuerdo de coalición. Lo que hoy se aprueba, aunque positivo, queda lejos de las 24 semanas retribuidas que contemplaba el pacto original. La política del mejor esto que nada no debería convertirse en norma, sobre todo cuando hablamos de derechos fundamentales como el tiempo para cuidar.
Una de las virtudes más relevantes del nuevo sistema es su carácter igualitario e intransferible. Cada progenitor cuenta con sus semanas, sin posibilidad de que uno las acumule a costa del otro. Este principio no solo promueve la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, sino que combate una lógica cultural arraigada en la que el cuidado recae mayoritariamente sobre las mujeres. Que los permisos no sean transferibles evita la tentación —socialmente muy presente— de que sea la madre quien prolongue el permiso en nombre del bienestar familiar.
Otra mejora sustancial está en la flexibilidad del uso de las dos semanas adicionales retribuidas por cuidado: pueden disfrutarse a jornada completa o parcial, en cualquier momento hasta los ocho años del menor. Esto permite a las familias adaptarse a sus circunstancias sin perder derechos. Además, el reconocimiento retroactivo de este permiso desde agosto de 2024 es un acto de justicia para quienes ya habían asumido ese cuidado sin contraprestación.
La decisión de que sea la Seguridad Social, y no las empresas, quien asuma el coste económico también merece destacarse. No solo alivia la carga sobre las pymes, sino que subraya que se trata de una inversión pública en cohesión social. Porque cuidar no es un capricho, sino un deber colectivo: cuidar también es trabajar, aunque no se mida en PIB.
Por último, no puede ignorarse el avance que supone esta medida para las familias monoparentales, generalmente encabezadas por mujeres. Que puedan sumar semanas adicionales responde no solo a una necesidad práctica, sino a una demanda histórica de justicia. Sin pareja que comparta el permiso, estas madres no podían contar con el mismo tiempo que una familia de dos progenitores. El decreto, por fin, reconoce esa desigualdad.
En definitiva, la aprobación de este paquete de permisos es una buena noticia para las familias, para la infancia y para la igualdad. Llega tarde, nace con menos ambición de la prometida, y no ha estado exenta de tensiones políticas. Pero consolida una idea clave: el derecho a cuidar y ser cuidado no es marginal, es central en una sociedad democrática que se toma en serio la vida.
Y quizá por eso, pese a sus límites, merece celebrarse.