El pasado lunes atendíamos a una rueda de prensa de Pedro Sánchez propia del presidente de Gobierno de una nación utópica. “España será la gran economía que más crezca”, dijo el profeta, dibujando un país que sonaba a cantos de jilguero y música celestial. Un relato esperanzador, si no fuese porque el coste de vida se ha incrementado y ahora los españoles son más pobres que hace 7 años.
Entre los anuncios también quedó claro que habrá legislatura para rato, y que Sánchez tiene la intención de presentar los presupuestos del 2026. Una hazaña que tornaría en epopeya si logra sumar los votos necesarios, mientras las medidas no dejan de anunciarse y los gastos multiplicarse en un ejercicio de improvisación sin precedentes.
El acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar pone el broche mágico a la mañana del martes. Un acuerdo sobre el aumento de los permisos de paternidad presentado a bombo y platillo, pero con muchas dudas y quejas por parte de diferentes asociaciones. La semana comienza con un exceso de anuncios, buenas palabras y de melodías que pretenden ser celestiales, pero que intentan esconder el hecho de un previsible anuncio de deliberación que ya ha sido publicado.
El Supremo ha respondido a la apelación presentada por el aún fiscal general del Estado español, y el veredicto ha sido por dos votos a uno, desfavorable para el protagonista. Nos encontramos ante una amarga primera vez en nuestra historia reciente. Por primera vez se encausa al fiscal general mientras se encuentra desarrollando las funciones de su cargo.
Previsiblemente lo veremos sentado en el banquillo antes de final de año, según los datos publicados, pero antes de llegar a esa imagen se hace imprescindible el responder algunas preguntas y/o poner luz sobre determinadas incógnitas.
¿Dimitirá una vez que el Tribunal Supremo haya ratificado su condición de investigado? En un país racional, la pregunta no tendría ni siquiera que imaginarse y la respuesta sería obvia, pero Spain is different.
En nuestro país de las maravillas algunos dimiten por mentir en sus currículos, mientras otros son investigados y siguen tan contentos en sus cargos. Unos se encuentran en previsión preventiva, mientras otros se aforan con rapidez para evitar que los juzguen los tribunales del común de los mortales; unos alegan no saber nada y otros pretenden irse a vivir a Japón.
La posición a la que se enfrenta el fiscal general ya no es solo la investigación y el futuro juicio, sino el valor ético de sus acciones y de los precedentes que se están estableciendo. Hemos de suponer que, sintiéndose respaldado por el Gobierno, las perspectivas con las que si miran las cosas son diferentes a las de cualquier ciudadano de a pie.
Europa advierte de la delgada línea que se puede estar trasgrediendo en materia de separación de poderes y de independencia de la Justicia, pero eso no nos importa. Tampoco parece importar que diversas asociaciones de jueces y fiscales soliciten la dimisión de García Ortiz, porque todo lo que le sucede al Gobierno y a sus entornos más próximos es por culpa de la extrema derecha y las fake news.
No sé hasta cuando este argumento podrá surtir efecto, pero la realidad es que por primera y amarga vez veremos sentados en el banquillo de los acusados a un fiscal general por revelación de secretos. Por primera vez queda claro que los ciudadanos anónimos ya no tienen protección a la intimidad y que, si tus datos son útiles para alguna batalla política, como ciudadano estás perdido.
Es imposible no recordar aquel programa de los noventa presentado por Constantino Romero llamado Parodia Nacional sin imaginar que grandes parodias se podrían escribir sobre la realidad impactante que vivimos en estos días. Lamentablemente es en modo parodia como nos están viendo desde muchos países.
El tiempo pondrá a cada uno en su sitio y la Justicia dirimirá lo que estime probado y real; sin perder de vista el hecho de que si un ciudadano anónimo o público comete un delito, se ha de pagar.