La policía ha detenido en Sevilla a un hombre con unos 125.000 seguidores en redes sociales, acusado de difundir mensajes de odio hacia las mujeres. Según la Guardia Civil, sus publicaciones y emisiones en directo promovían sistemáticamente denigración, hostilidad e intolerancia hacia este colectivo; y las autoridades lo investigan por un presunto delito de odio motivado por razones de género.
Pero más allá de los hechos concretos, lo que realmente preocupa es lo que representan este tipo de casos: un fenómeno creciente de violencia machista que se ejerce a través del discurso, con gran capacidad de difusión y con ecos en amplios sectores de la población.
“La intencionalidad es difícil de demostrar, pero las pruebas pueden sostener una acusación”. Así lo resume con honestidad y prudencia el abogado Ezequiel Alcalde: En un juicio por este tipo de delitos “todas las declaraciones que este señor ha hecho en redes sociales”, junto con eventuales testimonios, pueden constituir prueba válida. Pero advierte de un obstáculo central: La intencionalidad, es decir, si los discursos estaban motivados por odio hacia las mujeres; “es algo interno de cada individuo y es muy difícil de demostrar”. Solo cabría acreditarla si el propio acusado lo reconociera en sede judicial, algo que “claramente no suele ocurrir”. En consecuencia, la valoración de la prueba, y por tanto la decisión judicial, estará expuesta a un grado de subjetividad inevitable.
El riesgo de este vacío es evidente: Si los tribunales no interpretan de forma firme esos discursos como agresiones a derechos fundamentales, a la dignidad, a la igualdad, a la no discriminación, queda un resquicio legal que puede permitir la impunidad de la violencia simbólica. Pero, como subraya Alcalde, la libertad de expresión, fundamental en democracia, no puede amparar agresiones cuando vulneran esos derechos.
“Ofrecen a jóvenes vulnerables con baja autoestima una comunidad de pertenencia”
Para el psicólogo especializado en violencia de género José Antonio García, este caso es la punta de un iceberg: los discursos de odio, misóginos, xenófobos o tránsfobos, se multiplican en redes, y muchas veces con mayor visibilidad que en el pasado. “Por desgracia, no es que sea el único influente”, advierte.
García señala varios factores que explican por qué estos perfiles tienen tantos seguidores y logran una resonancia más allá de lo anecdótico. Primero, ofrecen a jóvenes vulnerables con baja autoestima, desubicados, confundidos una comunidad de pertenencia: “te ves identificado con un grupo de chicos que te lo venden como que son igual que tú”.
En ese contexto, las mujeres son convertidas en un “exogrupo” despersonalizado, objeto de hostilidad. Ese discurso ofrece un enemigo, un culpable, el feminismo, y las leyes que protegen a las mujeres, las mujeres en general, a quien responsabilizar de frustraciones personales, de la sensación de fracaso o de la pérdida de status. Es una narrativa simple, efectiva y muy peligrosa.
“Empresarios del odio”
Pero más allá de lo psicológico o social, hay un componente estructural: económica y mediático. Según García, estos “influencers” son verdaderos “empresarios del odio”: Monetizan su discurso. Cuanto más agresivo, insultante o incendiario sea su contenido, más viralidad consiguen, más visualizaciones, más dinero. Las plataformas los premian con alcance, visibilidad, interacciones y a su vez alimentan su poder simbólico.
Con ello, construyen lo que él denomina un “ego colectivo” para sus seguidores: Un falso empoderamiento, una identidad basada en la hostilidad, la humillación y la agresión simbólica. Esa comunidad con sus “me gusta”, sus comentarios, sus compartidos refuerza al emisor, legitima su discurso y perpetúa su influencia.
Son tan graves como una agresión física
Este arresto debe interpretarse como un signo de alarma. No solo porque demuestra que la violencia machista ha evolucionado y conseguido nuevos escenarios: lo digital, lo masivo, sino porque apunta a una crisis más profunda: La normalización de discursos misóginos en espacios públicos y privados, su aceptación como “opiniones polémicas” o “críticas”, cuando en realidad constituyen agresiones estructurales contra los derechos de las mujeres.
Si no se reconoce con claridad que la violencia simbólica, el odio verbado, la incitación al desprecio colectivo, la deshumanización, es tan grave como la agresión física, corremos el riesgo de banalizar una forma de violencia que reproduce desigualdades, abuso e inseguridad.
Además, este caso pone sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos legales y jurídicos: la dificultad para demostrar intención no debe servir de excusa para la impunidad. La subjetividad en la valoración judicial existe, como reconoce el abogado, pero no exime la obligación de proteger la dignidad y los derechos fundamentales.
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