El Ministerio de Cultura ha presentado este martes su Plan de Derechos Culturales, una hoja de ruta compuesta por 146 medidas –100 de ellas de aplicación inmediata hasta 2027– que busca corregir las desigualdades estructurales que impiden el acceso universal a la cultura en España. Con una dotación inicial de más de 79 millones de euros, el plan se articula como una estrategia de largo alcance que aspira a consolidar un sistema estatal de derechos culturales, en línea con la agenda internacional que reconoce la cultura como un derecho humano.
Presentado en el Museo Reina Sofía por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, el documento nace de un proceso participativo que ha contado con la implicación de más de 300 personas, entre profesionales, asociaciones y entidades del sector.
Cultura como derecho, no como privilegio
“Queremos superar las barreras que impiden que la cultura sea un derecho para toda la ciudadanía”, señaló Urtasun, quien subrayó la necesidad de avanzar hacia una política cultural de Estado que mire a diez o quince años vista. Beirak, por su parte, explicó que se trata de un plan “con vocación estructural y feminista”, que recoge compromisos internacionales y que sitúa en el centro cuestiones como la equidad territorial, la igualdad de género o la salud mental.
El plan se articula en cinco grandes ejes estratégicos: garantizar la democracia cultural, abordar los retos contemporáneos, fortalecer el tejido profesional, consolidar el marco de los derechos culturales y adaptar la administración pública a este nuevo enfoque.
Desigualdades culturales y mirada feminista
Una de las líneas prioritarias es la ampliación de los descuentos en espacios culturales para colectivos infrarrepresentados, entre ellos las familias monomarentales –a menudo invisibilizadas en las políticas públicas– y personas con discapacidad. También se pondrán en marcha programas de intervención cultural en centros penitenciarios y se elaborará, junto con otros ministerios, un estudio sobre desigualdad en el ámbito cultural para obtener datos que permitan diseñar políticas públicas más efectivas.
En este primer eje también se han destinado más de cuatro millones de euros a proyectos educativos que integren las artes en el aula y a la formación del profesorado en cultura. A través de una nueva línea de ayudas, el Ministerio busca apoyar iniciativas culturales con impacto social lideradas por colectivos de base, especialmente en entornos vulnerables.
Género, territorio y salud mental: los retos del presente
El segundo bloque –centrado en los desafíos contemporáneos– es el más extenso del plan. Incluye medidas para promover la igualdad de género, la diversidad cultural y lingüística y la equidad territorial. En este sentido, destaca el impulso al reconocimiento del caló y del romaní como lenguas dentro de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, así como un plan de acción para llevar el cine y otros recursos culturales a pequeños municipios, con una inversión de cuatro millones de euros ya transferida a las comunidades autónomas.
En clave de igualdad, el plan refuerza la implementación del Plan de Igualdad de Género en la Cultura. Entre sus medidas se encuentra la creación de una Unidad de Atención y Prevención de las Violencias Machistas en el sector cultural, así como la incorporación de criterios de género en subvenciones, contratos y procesos de selección pública.
El documento también recoge la cultura como herramienta para la salud, y contempla un acuerdo con el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad para desarrollar acciones conjuntas. Las políticas de memoria democrática y sostenibilidad completan este eje, subrayando la función reparadora y transformadora de la cultura.
Condiciones laborales dignas para el sector
El tercer eje se centra en el fortalecimiento del tejido profesional. Entre las medidas clave se encuentra el avance en el desarrollo del Estatuto del Artista –con especial atención a la cotización de autónomos y la ampliación de titulaciones– y la próxima reforma del Real Decreto 1435/1985, que regula la contratación de artistas y que incorporará cuestiones como la protección del trabajo de menores.
Se pone en marcha también un paquete de ayudas por valor de un millón de euros destinado a asociaciones profesionales y sindicatos culturales, en un esfuerzo por profesionalizar y fortalecer el sector desde dentro. Asimismo, se plantea una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para adaptarla a las particularidades del ámbito cultural.
La libertad artística, como pilar democrático, también se contempla en este apartado. Cultura anuncia un futuro Código General de Buenas Prácticas que abordará los casos de censura, cancelación arbitraria y transparencia administrativa.
Hacia una ley de derechos culturales
Los últimos dos ejes del plan buscan consolidar el reconocimiento de la cultura como un derecho y adaptar la administración pública a esta visión. Uno de los hitos más relevantes será el inicio de los trabajos para una futura ley estatal de derechos culturales. Esta norma permitiría blindar el acceso a la cultura como parte del sistema de derechos fundamentales, con especial atención a las desigualdades por género, territorio, clase, edad y origen.
Además, se trabajará en la revisión de protocolos y estructuras administrativas para garantizar que todas las políticas culturales se diseñen desde una lógica de equidad, transparencia y participación social.