Al problema de la lenta gestión para reconocer un título universitario en España homologado por un centro de estudios en el extranjero, se suma ahora un nuevo impedimento: la venta ilegal de citas telefónicas para realizar esos trámites. El grito en el cielo lo ha puesto la asociación Homologación Justa Ya (HJY). Su portavoz, Cynthia Vargas, detalla a Artículo 14 que “los estafadores” son gestores independientes que se aprovechan de la desesperación de los demandantes.
El modus operandi de los vendedores es sencillo. Reservan citas con bots para, posteriormente, ponerlas a la venta por hasta 200 euros. En este sentido, Vargas esgrime que “se trata de la aparición de un mercado negro, donde las citas se comercializan abiertamente en páginas web e incluso grupos de mensajería como Telegram”.
Reclamaciones
La asociación no contempla quedarse de brazos cruzados. En un comunicado difundido esta semana, el colectivo exige al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la adopción inmediata de medidas “para frenar la reventa de turnos y garantizar un acceso equitativo al servicio“.
Entre sus reclamaciones, la organización pide “la implementación de un sistema seguro” y que las solicitudes se gestionen “desde el perfil personal del solicitante, sin depender de actualizaciones constantes ni sorteos aleatorios”. Además, reclama la creación de un canal oficial de denuncias para identificar a quienes se lucran con la desesperación de los aspirantes. Y una comparecencia pública del Ministerio en la que se expliquen “las medidas concretas y los plazos de ejecución”, según recoge el escrito.
Desde HJY subrayan que este no es “solo un problema técnico, sino ético, estructural y político”. Sin embargo, el Ministerio parece no haber acometido las reformas pertinentes. Vargas critica que la institución, en su respuesta, se limitó a reconocer que ya era sabedora del problema y que aumentaría el número de citas. Pero la portavoz de la entidad argumenta que eso no solventará la anomalía. “Una mayor oferta no tiene ningún sentido si no se verifica quién las obtiene. Los que se están lucrando acapararán ahora una mayor cantidad de solicitudes y ganarán aún más dinero“, argumenta.
Tramitación
El servicio ofrecido por el Ministerio de Universidades es completamente gratuito, pero el acceso real al trámite se ha convertido en una odisea burocrática. Los solicitantes denuncian que, desde hace un tiempo, las citas oficiales desaparecen en cuestión de segundos, que el sistema informático falla con frecuencia y que los canales de atención no dan respuesta a las incidencias. Vargas asegura que “fue ahí cuando empezamos a pensar que tiene bots, ya que automáticamente captan esas solicitudes y colapsan el sistema”.
El proceso comienza con la recopilación de toda la documentación necesaria. El título a homologar, identificación oficial (pasaporte, NIE o DNI), constancia de prácticas profesionales, acreditaciones lingüísticas cuando corresponda. Y, como no podía ser de otra manera, el pago de la tasa correspondiente, que asciende a los 166,50 euros. Los documentos deben subirse en formato digital, apostillados y adaptados al sistema europeo de créditos. Además, si no están en español, se requiere traducción oficial.
Este conjunto de pasos, que debería ser sencillo, se convierte en un laberinto de requisitos, esperas y dificultades técnicas para muchos solicitantes. Lo que afecta a profesionales que no pueden ejercer su trabajo en España mientras esperan una resolución.
Expedientes tramitados
Pese a las dificultades que presenta el sistema, durante el primer semestre de 2025, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha alcanzado un hito histórico. Por primera vez, ha resuelto más solicitudes de homologación de títulos universitarios extranjeros de las que ha recibido. La cifra de expedientes tramitados asciende a los 32.569. Según datos oficiales, en ese mismo periodo se registraron 24.346 nuevas solicitudes.
La diferencia refleja que el ritmo de resolución ha superado por primera vez la demanda entrante. En comparación, en 2024 se resolvieron aproximadamente 39.975 expedientes durante todo el año. Por lo que, aunque el número de solicitudes sigue creciendo, la administración ha conseguido mejorar significativamente su capacidad de tramitación. Asimismo, el pasado 10 de septiembre, la cartera de Diana Morant presentó una nueva resolución que establece instrucciones para agilizar la homologación. Según el documento, el procedimiento podrá acelerarse si el profesional aporta un precontrato o contrato laboral.
100.000 en espera
No obstante, Vargas señala que, a pesar de la mejora en el ritmo de conclusión, existen disonancias entre las gestiones solicitadas con anterioridad y las que se producen ahora. “Todos los expedientes que entran nuevos se resuelven por delante de los antiguos. Conocemos muchos casos de gente que inició el trámite en 2024 y ha visto su proceso resuelto en ocho meses. En cambio, otras personas que están desde 2019 y 2020 siguen esperando”. Por ello, la portavoz de HJY, que ya ha puesto a la administración en conocimiento de este fenómeno, defiende que “no se tiene porque saltar de un expediente a otro, debe respetarse el orden”.
Detrás de las cifras hay vidas paralizadas. En España, unas 100.000 personas esperan la resolución de sus expedientes de homologación, y el 90% corresponden a profesionales sanitarios, uno de los sectores más necesitados. “El reconocimiento es un derecho que debe garantizarse, y cada día que pasa sin respuesta significa talento desaprovechado“, zanja la portavoz de HJY.