En lo que ya se perfila como el peor año de las últimas tres décadas, con unas 350.000 hectáreas arrasadas —y cerca de 200.000 en apenas cuatro días, según estimaciones de Copernicus—, la pregunta no es retórica: ¿cuánto cuesta evitar los incendios forestales?
La emergencia se ha instalado en la agenda pública y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto un “Pacto de Estado” contra la emergencia climática. Pero el debate de fondo sigue pendiente: cuánto invertir, cada año, para evitar los incendios forestales de forma eficaz.
El precio de la prevención
La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) cifra el listón mínimo en 1.000 millones de euros anuales para evitar los incendios forestales con una gestión sostenida y profesional. No es un número al azar: se apoya en los costes medios por hectárea publicados por la empresa pública Tragsa, que sitúan la gestión forestal en torno a 3.130 €/ha. Con esa escala, las cuentas son claras y el objetivo, inaplazable, si se pretende evitar los incendios forestales y reducir su virulencia.
El Plan Forestal 2022-2032 contempla 2.625 millones a diez años en cinco ejes estratégicos, con un foco relevante en evitar los incendios forestales. El Eje II —“Prevención y adaptación de los montes ante el cambio climático y otros riesgos”— reserva 1.560 millones, de los que 1.280 millones se destinan a cooperación y coordinación en la gestión de incendios.
El contraste salta a la vista: lo que el Plan reparte en una década, COSE reclama concentrarlo prácticamente en un solo ejercicio para evitar los incendios forestales con impacto real.
Gestión frente a extinción
“Los incendios se ‘apagan’ al negociar los presupuestos”, recuerdan desde COSE en La Información para subrayar que evitar los incendios forestales empieza mucho antes del verano. La inversión pública, advierten, es difícil de rastrear por la fragmentación competencial y la falta de transparencia en algunas partidas. Allí donde hay datos —Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares— se observa más gasto preventivo a partir de 2019-2020. Pero insuficiente para evitar los incendios en un paisaje que demanda continuidad, no campañas aisladas.
Miguel Ángel Duralde, presidente de ASEMFO, pide en centrar La Información el debate en la gestión de las masas forestales para evitar los incendios a medio y largo plazo. Habla de montes “asalvajados”, con mayor riesgo y menores servicios ecosistémicos, y se pregunta por qué no se mantiene el nivel inversor de 2009, cuando rondaba los 1.700 millones. El mensaje es directo: sin presupuesto estable y profesionalización, no se puede evitar los incendios forestales ni mejorar la captura de CO₂, la calidad del agua o el empleo rural.
¿Dónde se gasta hoy el dinero?
Con datos consolidados hasta 2022, ASEMFO estima 175,8 millones en prevención y 417 millones en extinción. En 2009, la prevención fue de 364,14 millones y la extinción de 417,46 millones. La deriva es clara: se ha protegido la fase de apagar, no la de evitar los incendios forestales.
COSE añade otra cifra que retrata la prioridad pública. La inversión forestal supuso el 3,2% del total de inversión. Son 1.978 millones frente a 33.830 millones globales. Un porcentaje modesto para un país que aspira a evitar los incendios forestales con ambición.
¿Y qué pasa con los Fondos Europeos?
El Plan de Recuperación (PRTR) moviliza 27.948 millones para transición ecológica, pero el componente de Gestión Forestal Sostenible suma 401 millones, más 32 millones aprobados recientemente. Se habrían transferido ya entre 200 y 250 millones, una inyección valiosa que, aun así, no alcanza el umbral que COSE considera imprescindible para evitar los incendios forestales con garantías.
ASEMFO apunta que los Next Generation han empezado a engordar las cifras desde 2022 (hasta 1.295,63 millones en total). Pero seguimos lejos del esfuerzo de 2009 para evitar los incendios forestales con continuidad.
Además de doblar la inversión pública en gestión forestal para evitar los incendios, COSE reclama incentivos fiscales a propietarios que acometan actuaciones preventivas o cedan parcelas para pastoreo y manejo con ganado, así como su inclusión plena en los planes autonómicos de prevención.
También propone mejorar el acceso a financiación mediante el FEDER y el FEADER. Unas palancas comunitarias llamadas a reforzar la economía rural mientras se trabaja para evitar los incendios forestales de forma estructural.