El Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto y declarar la guerra al lucrativo negocio de la reventa de entradas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, ha anunciado su intención de introducir una reforma legal que prohíba la reventa cuando el objetivo sea obtener beneficio económico. Esta medida se enmarca dentro del anteproyecto de ley de consumo sostenible. Una normativa que el Ejecutivo quiere llevar cuanto antes al Consejo de Ministros.
La iniciativa pretende frenar un mercado que, según cálculos del propio ministerio, mueve en torno a 322 millones de euros anuales en España. La reventa de entradas, lejos de ser un fenómeno marginal, se ha convertido en una práctica habitual que, en muchas ocasiones, encarece artificialmente los eventos culturales y deportivos, impidiendo el acceso a quienes no pueden pagar precios inflados.
Un límite claro: el precio original más el IPC
La propuesta del Gobierno establece un criterio concreto para considerar ilegal la reventa de entradas. No se podrá vender un ticket por un precio superior al de su coste original sumado al IPC acumulado desde su compra. Es decir, si una entrada se adquirió por 100 euros y el IPC ha subido un 2%, sólo podrá revenderse por un máximo de 102 euros.
Con este límite, el Ejecutivo busca desincentivar la especulación. El Ministerio de Consumo considera que la reventa de entradas es una actividad improductiva, que no genera valor real para la economía y que, sin embargo, repercute de forma negativa en las familias y en el acceso igualitario a la cultura y el ocio.
Además de prohibir la reventa de entradas con fines lucrativos, el Gobierno contempla un sistema de sanciones para quienes incumplan la ley. Aunque todavía no se han concretado las cuantías, desde el Ministerio se avanza que se propondrá el bloqueo de páginas web que faciliten este tipo de prácticas.
La legislación actual ya prohíbe la compra masiva de entradas mediante bots. Pero desde Consumo se admite que esta medida ha resultado insuficiente. Algunas empresas mantienen intereses económicos en mantener vivo el mercado de la reventa de entradas. Lo que, en opinión del Gobierno, dificulta la erradicación del problema.
Una práctica que no es nueva en Europa
La iniciativa del Gobierno español no es aislada. Otros países europeos han tomado medidas similares. En Bélgica, la reventa de entradas con fines lucrativos fue prohibida en 2013, mientras que en Francia se reguló en 2012, limitándola exclusivamente a eventos autorizados expresamente por sus organizadores.
Estos precedentes avalan la línea que quiere seguir el Ministerio de Consumo, que observa cómo el negocio sigue creciendo. Según datos de Verified Market Research, el mercado europeo de reventa de entradas alcanzó los 1.817 millones de euros en 2024. Y se estima que llegue hasta los 7.769 millones de euros en 2030. Para España, las previsiones del Ministerio apuntan a que el volumen de negocio se disparará hasta los 932 millones de euros en ese mismo horizonte temporal.
El anteproyecto de ley de consumo sostenible aún no tiene fecha de aprobación en el Consejo de Ministros. Sin embargo, sí forma parte del plan normativo anual del Gobierno para 2025. El objetivo es ambicioso: regular la reventa de entradas, acabar con la “publicidad del miedo” —mensajes que inducen a comprar por miedo a consecuencias negativas— y obligar a las empresas a advertir cuando reducen el contenido de un envase sin ajustar el precio. Algo que se conoce como reduflación.