Sus voces a menudo incomodan en Moncloa. Su prestigio, en cambio, les avala. Este 2026 será el año en el que venza el mandato de dos mujeres cruciales para el armazón económico del país. Cristina Herrero dejará el cargo como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Cani Fernández hará lo propio como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).
La primera, convertida en la centinela de las políticas económicas del Gobierno, saldrá en marzo. Fernández lo hará en junio. En los dos casos vence el mandato de seis años, ni prorrogable ni renovable. La sucesión de ambas suscitará otra batalla política. Pero eso no es lo único que está en juego. También lo está el futuro de ambos órganos y el papel y las competencias que ambos encarnan. Y sobre todo, la independencia de ambas instituciones. En ambos casos, Herrero y Fernández han sido las primeras mujeres en ocupar la cúspide de tanto la AIReF como de la CNMC. Y en ambos casos las dos han convertido la independencia institucional en la piedra angular de su cargo.
Tal es el punto, que la propia Herrero remarcaba hace unas semanas, en el balance de su gestión, que todavía queda “camino por recorrer” blindando legalmente algunas de las funciones de la entidad. Precisamente los alegatos por la independencia han llevado a que Cristina Herrero y Cani Fernández sean habitualmente vistas como dos contrapesos del Ejecutivo.
La centinela de la AIReF
Cristina Herrero ha presumido estos años de que su nombramiento concitó la unanimidad del Congreso. Llegó a la presidencia de la AIReF en 2020, cuando el entonces presidente del organismo, José Luis Escrivá, asumió el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Herrero, eso sí, no le debe nada a nadie: llegó a afilar sus críticas contra su predecesor, al entender que no dejaba en buen lugar que el responsable del AIReF diese el salto a la política de esta manera. Desde que asumió su responsabilidad, Herrero ha comandado la AIReF bajo dos principios rectores: la transparencia y la independencia.
Eso la ha llevado a ser una voz crítica con muchas de las políticas del Gobierno. O incluso con la ausencia de ellas. Desde que comenzó la legislatura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha logrado sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. A juicio de la máxima responsable de la AIReF, esto limita la capacidad del ente de fiscalizar las cuentas públicas. Por mucho que en Moncloa se entienda que los Presupuestos de 2023 pueden seguir siendo prorrogados, Herrero entiende que de esta manera se menoscaba la transparencia de las cuentas públicas.
Pero su contundencia no quedó ahí. Herrero ha llegado a pedir amparo a la Abogacía del Estado al entender que el Gobierno se inmiscuía en sus análisis. Las tensiones entre la AIReF y el Ejecutivo no han cesado. El mes pasado, sin ir más lejos, Herrero cuestionó que el órgano cumpliese con un encargo de Seguridad Social: un análisis adicional del sistema de pensiones antes de junio del año 2026. En su reciente balance de su mandato, Herrero volvía a lamentar que no se haya actualizado la ley que regula el funcionamiento de la entidad.
Una CNMC firme
Al igual que Herrero, Cani Fernández fue la primera mujer en ser nombrada como la máxima responsable de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Sí diverge con Herrero en que ella no era de la casa: abrió un paréntesis en su actividad privada para asumir la encomienda que le había lanzado el Gobierno, dirigir la CNMC. Pero desde entonces ha sido contundente reivindicando la integridad del organismo regulador, que además ha ampliado competencias críticas con la aparición de reglamentos europeos como el DSA (Servicios Digitales) o el EMFA (libertad de medios), que en España se han convertido en frentes políticos.
A la luz de los hechos, resulta improbable que Fernández pueda ver antes de su salida en junio colmadas algunas de sus demandas, como que las Cortes habiliten finalmente a la CNMC como Coordinadora de Servicios Digitales. Antes, es probable, llegará una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una multa diaria al país por no haber adaptado a tiempo los estatutos de la CNMC a lo que exige la ley comunitaria. No será porque Fernández no lo haya recordado.
Tampoco es seguro que antes de que salga de la presidencia de la CNMC se consuma una aspiración del actual Gobierno de coalición: desgajar la CNMC para que reaparezca la Comisión Nacional de Energía que el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó en 2013. El proyecto de ley sigue durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados. Eso no impide que la CNMC siga siendo firme: ha aguantado las presiones del sector eléctrico y ha fijado los peajes que podrán cobrar las compañías en un 6,58%, lejos del 7% o 7,5% que demandaban, lo que abre la puerta a que firmas como Iberdrola o Endesa emprendan acciones judiciales.
La incertidumbre de los relevos
Que ambos mandatos estén apunto de caducar aboca a una pregunta lógica. ¿Quiénes sucederán a Cristina Herrero y a Cani Fernández al frente de la AIReF y de la CNMC? En ambos casos, el Consejo de Ministros propone un nombre, y con matices, el proceso para designar a un responsable es similar. Con la AIReF, el Congreso puede vetar el nombramiento y es obligatorio que el candidato propuesto por el Gobierno comparezca en la Cámara Baja. Son las Cortes las que pueden frenar nombramientos si se consigue un veto por mayoría absoluta.
En el regulador de la competencia su consejo rector se va renovando paulatinamente, y este a su vez nombra a los ponentes de sus salas de Competencia y de Supervisión Regulatoria. El BOE publicó hace exactamente un mes los nombramientos para ambas salas de cara al año 2026. Algunas voces ya sitúan a Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMV e histórico de la CNMC, como un posible nombre para suceder a Fernández. Generaría fricción: es el marido de la actual comisaria europea Teresa Ribera.
La sucesión de estas dos mujeres al frente de estos dos organismos no es la única incógnita que depara 2026 para el armazón económico del Gobierno. En el caso de Herrero y Fernández, ambas han dejado su impronta al frente de las instituciones llevando la transparencia, la integridad y la independencia de ambas hasta sus últimas cotas. La incertidumbre también se cierne en cómo lograrán ponerse de acuerdo las Cortes para evitar bloquear los futuros nombramientos de sus sucesores. Mar España estuvo cuatro años y medio como directora interina de la Agencia de Protección de Datos. La AIReF y la CNMC no llegarán a ese extremo. Pero todos tendrán que poner de su parte.