En pleno siglo XXI, tener un empleo ya no garantiza vivir con seguridad económica. En España, como en buena parte de Europa, miles de personas se levantan cada mañana para trabajar, cobrar su salario y, aun así, vivir con el temor constante de no llegar a fin de mes. Según los últimos datos de Eurostat, en 2024 más de 8 de cada 100 personas empleadas en la Unión Europea (UE) estaban en riesgo de pobreza, una realidad que pone de relieve que la estabilidad laboral no siempre se traduce en estabilidad financiera. Y España no es un mero observador en la lista.
El país, con un 11,2%, figura como el tercer estado con la ratio más elevada del bloque comunitario, solo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%). Mientras algunos países como Finlandia apenas alcanzan el 2,8%, España se enfrenta al reto de proteger a quienes, a pesar de trabajar, ven cómo sus ingresos apenas cubren lo esencial.
Menor riesgo en mujeres
Este fenómeno, conocido como “pobreza laboral”, afecta de forma desigual a hombres y mujeres. Aunque la narrativa habitual señala que ellas son más vulnerables a la precariedad, los datos revelan una realidad más matizada. En España, los hombres trabajadores presentan una mayor tasa de pobreza que las mujeres. El 12,1% en varones frente al 10,1% en el sexo femenino, es decir, dos puntos de diferencia. Una de las razones de esta diferencia es la concentración masculina en sectores como la construcción, el transporte o la agricultura. Ahí, los contratos temporales, la estacionalidad y la exposición a la economía informal son más frecuentes.
Estos empleos, aunque físicamente exigentes, no siempre ofrecen estabilidad ni salarios suficientes. Además, muchos hombres en situación de pobreza laboral trabajan sin acceso a convenios colectivos o protección sindical, lo que limita su capacidad de negociación y mejora salarial.
Por otro lado, las mujeres, aunque enfrentan brechas salariales y obstáculos para conciliar vida laboral y familiar, están más representadas en sectores como la educación, la sanidad y la administración pública. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), casi el 80% del personal sanitario en la UE son mujeres. La diferencia sectorial explica por qué, en términos relativos, las mujeres trabajadoras en España tienen una menor exposición al riesgo de pobreza. Si se compara con los otros 26 Estados miembros, el país ibérico sigue la tendencia europea. En el viejo continente, solo cuatro de las naciones integradas en UE registran mayor riesgo de pobreza laboral en el sexo femenino que en el masculino. Luxemburgo, una vez más, lidera esa lista con un 14,6% de trabajadoras en situación de vulnerabilidad económica.
Uno de cada cuatro españoles
Pero la precariedad económica no afecta solo a quienes trabajan. En 2024, el 25,8% de la población española estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. La cifra solo difiere en un punto respecto al año anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aun con esta ligera mejora, el 9,1% de la población llega a fin de mes con “mucha dificultad”. Y tres de cada diez personas no pueden permitirse unas vacaciones fuera de casa.
La encuesta, compartida a mediados de febrero, también muestra que el 35,8% de los españoles no pudo afrontar gastos imprevistos en 2024. Para medir la exclusión social, el INE utiliza el indicador europeo AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), que combina ingresos por debajo del 60% de la media, privación material y social severa (PMSS). Y baja intensidad de empleo en hogares con miembros de entre 0 y 64 años (BITH). Según este cálculo, un 1,3% de la población cumplía los tres criterios simultáneamente.
A diferencia de la tasa de riesgo de pobreza, que solo mide la pobreza relativa, el índice AROPE incluye también a quienes cumplen alguno de los criterios de privación o empleo. Aunque no se consideren pobres según la renta, esto refleja la complejidad de la exclusión social en España. Tener un empleo o ingresos medios no garantiza escapar de la vulnerabilidad económica.
Salario mínimo interprofesional
Desde 2018, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el país ha registrado un alza significativa. En aquel año el sueldo más bajo a jornada completa no podía ser inferior de los 735,90 euros mensuales en 14 pagas. El presente año ya alcanza los 1.184 euros brutos. En total, entre 2018 y 2025, el SMI ha crecido aproximadamente un 61%. Lo que equivale a un aumento acumulado de unos 6.272 € anuales para quien cobra ese umbral.
Esta escalada responde al objetivo de aproximar el SMI al 60 % del salario medio, conforme a la recomendación de la Carta Social Europea, y de reforzar la protección de los trabajadores peor remunerados. No obstante, aunque los incrementos han sido importantes, en la práctica el empleo ya no garantiza por sí solo la tranquilidad económica.
El riesgo de pobreza en España ha ido disminuyendo de forma gradual. Sin embargo, pese a estas mejoras, aún queda mucho por hacer. Tener un empleo ya no garantiza seguridad económica: la nómina cumple, pero no siempre basta.