El vencimiento en 2026 de 600.000 contratos de alquiler congelados durante la pandemia tiene al Ejecutivo en un callejón sin salida al que aún no ha encontrado respuesta. A las diferencias con Sumar dentro del propio gabinete, se une la dificultad de buscar apoyos entre el resto de socios para evitar subidas de hasta 5.000 euros. La encrucijada queda reflejada en el vaivén de soluciones, de un extremo a otro, en poco más de 30 días. El foco para los propietarios se ha situado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la primera fuente de recaudación del Estado, que otorga cierto margen de maniobra al Ejecutivo.
Y así, en un mes, hemos asistido a un giro fiscal de 180 grados. El Gobierno ha pasado de la bonificación de, hasta el 100%, en el IRPF a quienes mantengan la renta en la renovación del contrato a una penalización a quienes hagan lo contrario. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, verbalizó ayer esa dicotomía llamando a un acuerdo para congelar los precios del alquiler, ya sea a través de “incentivos o castigos” en materia fiscal.
Del incentivo al castigo
El pasado 11 de enero, Pedro Sánchez anunció un nuevo Real Decreto-ley para intervenir el mercado del alquiler con una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que renueven los contratos sin incrementar el precio a sus inquilinos. “Queremos que la renovación de los alquileres se produzca sin subida. A los que no especulen, vamos a darles una bonificación completa, que compensará lo que hubiera incrementado el precio del alquiler”, aseguró el presidente. Un anuncio duramente contestado por Sumar al entender que se premia a los caseros. La vía de los de Yolanda Díaz pasa por la prórroga de los contratos de alquiler.
Hoy comienzan las obras del nuevo barrio de Campamento que va a acoger 10.700 viviendas asequibles.
Nuevos hogares que serán públicos para siempre, blindados frente a la especulación.
Protegemos lo público y garantizamos que quien necesita una vivienda, la tenga y la mantenga. pic.twitter.com/MQ3TuhSg40
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 12, 2026
Para apaciguar al ala de Sumar, el PSOE giró su estrategia fiscal hacia una penalización en el IRPF para los arrendadores que renueven los contratos con una fuerte subida de los precios. Según avanzó ayer El País, esta penalización solo se aplicaría a la finalización del contrato. En este sentido, fuentes del Ministerio de Hacienda reconocieron a Europa Press que se está negociando con los grupos parlamentarios esta medida tras el rechazo de los socios a la bonificación.
Lejos de convencer a sus socios, Sumar volvió a mostrar ayer su rechazo a la medida. “Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal”, criticaron. Bajo su punto de vista, el efecto de la penalización o bonificación fiscal en la declaración de la renta es una medida “cosmética” y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos.
Deducciones
Cabe recordar, que en la actualidad, ocho de cada diez caseros ya se desgravan el 60% de la renta del alquiler. Los primeros datos de la campaña de la Renta de 2025 reflejan que unos 2,7 millones de declaraciones aplicaron el 60% de reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. A su vez, unas 730.000 registraron un porcentaje inferior y algo menos de 42.500 tuvieron derecho a reducciones superiores.
Actualmente, Hacienda mantiene las reducciones generales en el IRPF por poner una vivienda habitual en alquiler, según la Ley por el Derecho a la Vivienda, los propietarios se podrán beneficiar de una reducción del 60% si se ha firmado el contrato de alquiler de la vivienda habitual antes del 26 de mayo de 2023. En los contratos suscritos posteriormente la reducción general baja al 50%. No obstante, puede aumentar hasta el 60% si el inmueble se ha rehabilitado en los dos años anteriores al contrato, o hasta el 70% si la propiedad está acogida a un programa público de alquiler a precio de mercado.
Con las penalizaciones que ahora está estudiando el Gobierno, la reducción general del 50% se iría reduciendo en el caso de que el propietario suba el precio del alquiler, pudiéndose incluso quedar eliminada del todo.
Una medida ineficaz para los expertos
Para los expertos del sector este giro del Ejecutivo lejos de resolver el problema contribuye a acentuarlo. La incertidumbre normativa puede llevar a algunos caseros a retirar su vivienda del mercado. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, alertó de la “inseguridad jurídica”. Esta situación puede impactar de forma directa en el alquiler de larga duración, especialmente en las zonas de mayor demanda, donde la caída de oferta alcanza en algunos casos hasta el 50%.
“Observamos con cierta inquietud cómo una vez más se intenta resolver el problema de la vivienda volcando toda la responsabilidad sobre el propietario”, advirtió el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font. “El camino real para estabilizar el mercado no es la fiscalidad punitiva. Sino generar confianza y seguridad que incentive la salida de vivienda al mercado”, concluyó.
Maniatados en el Congreso
Tras esta estrategia de ir lanzando propuestas, que permiten tensar la opinión de los distintos grupos políticos, la realidad es que el Gobierno enfrenta el reto de lograr los apoyos suficientes para su aprobación en el Congreso. Isabel Rodríguez reconoció ayer en una entrevista en TVE que el Ejecutivo está negociand0 un paquete de medidas en materia de vivienda. Se está trabajando en dos frentes: atender la emergencia desde un ‘escudo social’ hasta normativa que está en vigor y que permite congelar el alquiler.
Rodríguez fue clara con la posición en la que se encuentra el Ejecutivo: “Como ministra lo que hago es un llamamiento al acuerdo“. Algo tan poco probable como que el casero renuncie a una importante subida en la renta al vencimiento del contrato.