Las empleadas del hogar han sido históricamente uno de los colectivos más desprotegidos dentro del mercado laboral. Aunque en los últimos años se han logrado avances significativos en la equiparación de sus derechos con el resto de trabajadores, aún existen desafíos que superar. Uno de los principales problemas sigue siendo la falta de formalización de los contratos. Eso impide que muchas trabajadoras tengan acceso a la Seguridad Social y a beneficios como el derecho a paro, bajas médicas o pensiones.
Según la Guía de Empleados del Hogar elaborada por el Instituto Santalucía con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), cerca del 40% de las empleadas del hogar en España trabaja sin un contrato formal. Lo que significa que no cotizan a la Seguridad Social ni cuentan con derechos laborales básicos. Además, la mayoría de quienes forman parte de este sistema son mujeres (95,57%), con una edad media de más de 40 años y, en muchos casos, con más de 50 años.
En este contexto, el Gobierno ha implementado nuevas normativas que buscan garantizar condiciones de trabajo dignas para este colectivo. Estas medidas incluyen la obligatoriedad de la contratación formal, la inscripción en la Seguridad Social, el derecho a baja por enfermedad y una regulación más estricta sobre la prevención de riesgos laborales.
La formalización del contrato y la Seguridad Social
Uno de los cambios más importantes que han entrado en vigor es la obligación de formalizar un contrato de trabajo por escrito para todas las empleadas del hogar. Este documento debe especificar el horario laboral, el salario, los días de descanso y el periodo vacacional, que debe ser de al menos 30 días naturales pagados al año.
Además, las empleadas del hogar deben estar registradas en la Seguridad Social. Y el empleador es responsable de pagar las cotizaciones correspondientes. Esto les garantiza acceso a la sanidad pública, pensiones y el derecho a percibir prestaciones por desempleo. Quienes no cumplan con esta normativa pueden enfrentarse a sanciones que oscilan entre 700 y 7.500 euros.
El objetivo de esta medida es erradicar la informalidad que todavía predomina en este sector y asegurar que todas las trabajadoras puedan acceder a los mismos derechos laborales que el resto de empleados en España.
Prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico
Otro de los avances significativos ha sido la regulación de la prevención de riesgos laborales en el empleo doméstico. Hasta ahora, este aspecto no había sido abordado con la misma seriedad que en otros sectores, a pesar de que las empleadas del hogar realizan tareas que pueden implicar riesgos físicos y ergonómicos.
Desde septiembre del año pasado, los empleadores tienen la obligación de:
- Evaluar los posibles riesgos a los que se enfrenta la trabajadora en el hogar.
- Actualizar la evaluación periódicamente, especialmente si hay cambios en las condiciones laborales.
- Adoptar medidas preventivas para minimizar estos riesgos.
- Suministrar gratuitamente equipos adecuados para la realización del trabajo, garantizando su correcto mantenimiento y reemplazo cuando sea necesario.
Además, las empleadas del hogar tienen derecho a la vigilancia de su estado de salud. Eso incluye un examen médico periódico para detectar posibles afectaciones derivadas de su actividad laboral.
Protección ante el acoso y la violencia en el hogar
Otra de las novedades en la normativa es la protección frente a situaciones de acoso o violencia en el entorno laboral. En caso de que una empleada del hogar se vea obligada a abandonar su lugar de trabajo por razones de seguridad, no se considerará como una dimisión, por lo que no perderá sus derechos laborales ni podrá ser despedida bajo este argumento. Esta medida busca garantizar la seguridad de las trabajadoras y evitar que sean despedidas injustamente por denunciar situaciones de abuso o violencia en el hogar en el que trabajan.
El impacto del nuevo salario mínimo en las empleadas del hogar
Uno de los cambios más relevantes para el sector ha sido la reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno para 2025. El incremento del 4,4% eleva el SMI de 1.134 euros a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone un aumento anual de 700 euros y 50 euros más al mes para cada trabajadora.
Para quienes trabajan por horas, la remuneración mínima pasa a ser de 9,26 euros por hora trabajada. Sin embargo, esta subida viene acompañada de una novedad fiscal: a partir de 2025, las empleadas del hogar que perciban un salario superior a 15.876 euros anuales deberán tributar por el IRPF. Esto significa que una parte del incremento del SMI podría verse reducida por el pago de impuestos.
Según estimaciones del comité de expertos que asesoró al Ministerio de Trabajo, aproximadamente el 20% de los trabajadores que perciben el SMI se verán afectados por esta nueva obligación tributaria. Eso equivale a unas 500.000 personas, entre ellas muchas empleadas del hogar.
Desafíos pendientes para las empleadas del hogar
A pesar de los avances logrados con estas nuevas regulaciones, el sector de las empleadas del hogar sigue enfrentándose a desafíos importantes. Uno de los principales problemas es el alto índice de trabajo informal, que sigue afectando a casi el 40% de quienes se dedican a esta actividad.
La reducción progresiva de trabajadores registrados en el Régimen Especial de Empleadas del Hogar desde 2012 es una señal de que aún queda mucho por hacer para garantizar la regularización del sector. La falta de contratos formales y la evasión de cotizaciones siguen siendo una realidad que limita los derechos de miles de trabajadoras en España.
Además, aunque la nueva normativa busca mejorar las condiciones laborales, algunos empleadores han expresado su preocupación por el aumento de costes asociados a la contratación legal de empleadas del hogar. Todo ello podría llevar a que más personas recurran a la economía sumergida.