El Gobierno ha comenzado a activar la maquinaria para intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026, unas cuentas que marcarán el rumbo económico del país y el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Los primeros contactos con los socios parlamentarios ya se han producido, aunque la mayoría de ellos los describen como “incipientes”. Según confirman fuentes del Ejecutivo, ya se ha sondeado a ERC, EH Bildu, PNV y BNG, además de mantener conversaciones más avanzadas con Sumar, su socio de coalición. El Ministerio de Hacienda trabaja para llevar al Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda fiscal en las próximas semanas, primer paso antes de que las cuentas lleguen al Congreso.
Primeras conversaciones y posiciones iniciales
Para el Gobierno la prioridad es cerrar primero un acuerdo interno entre PSOE y Sumar, algo que se repite en cada ciclo presupuestario desde 2020. Una vez alcanzado ese consenso, el Ejecutivo abrirá la negociación con los grupos parlamentarios que sostienen la mayoría. Desde la formación morada confirman que las conversaciones con los socialistas ya están en marcha. Su principal objetivo es mantener una política expansiva de gasto que permita consolidar las inversiones sociales y evitar recortes.
La coalición también quiere situar la vivienda en el centro del debate presupuestario. Reclama medidas de intervención en el mercado del alquiler y condicionar los fondos estatales a que las comunidades autónomas apliquen la ley de vivienda, lo que afectaría directamente al acceso a la vivienda y a los precios del alquiler en todo el país.
El pulso con los socios nacionalistas
Entre los aliados parlamentarios, ERC insiste en que antes de hablar de nuevas cuentas, el Gobierno debe cumplir los acuerdos pendientes, especialmente en materia de financiación autonómica. Los republicanos exigen la cesión de la recaudación del IRPF a Catalunya y advierten de que sin avances en esa cuestión no habrá negociación presupuestaria posible.
Junts mantiene una posición similar, pero con exigencias adicionales: la cesión de competencias en migración, la aplicación efectiva de la ley de amnistía y el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea. Tres puntos que, además, no dependen únicamente del Ejecutivo, lo que complica aún más las conversaciones. Por su parte, PNV y EH Bildu confirman que han recibido ya los primeros contactos del Gobierno y prevén iniciar las negociaciones en las próximas semanas. También el BNG ha sido sondeado, aunque todavía sin una propuesta concreta encima de la mesa.
Lo que se juega el ciudadano
Más allá de las estrategias políticas, los Presupuestos determinarán aspectos que inciden directamente en la vida de los ciudadanos. Un techo de gasto expansivo podría traducirse en más inversión pública, ayudas sociales y apoyo a las familias, mientras que un ajuste fiscal implicaría menos margen para el gasto y posibles recortes. También están en juego ciertos cambios tributarios. Sumar defiende reducir la carga fiscal sobre las rentas del trabajo y aumentar la presión sobre las rentas del capital, lo que afectaría de forma distinta a trabajadores y grandes patrimonios.
Eso sí, en el Congreso reina la sensación de que la negociación será larga y complicada, pues las diferencias entre el Gobierno y sus socios son notables y la aritmética parlamentaria no garantiza una mayoría suficiente. Pero saben de la importancia de llegar a un acuerdo, pues de su aprobación —o su fracaso— depende el rumbo político del próximo año.