“Asomados al precipicio estamos todos los días”. Un dirigente socialista resume así la situación de inestabilidad y tensión parlamentaria a la que están acostumbrados a vivir, en su grupo y en el Gobierno de coalición. “Y nos encantan las vistas”, apostilla. En concreto, se refiere a las dudas sobre el futuro del real decreto ley de embargo de armas a Israel, que el Congreso votará la próxima semana, pero su respuesta es extrapolable a cualquier negociación de cierto peso. Y así lo confirman varios compañeros de filas.
Los apoyos para el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, y la senda de déficit que funciona como una suerte de primera piedra del edificio presupuestario, son mucho más difíciles de lograr. Y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negocia ya con el PNV, EH Bildu y el BNG, para intentar asegurar la viabilidad parlamentaria de la senda y de las cuentas públicas para 2026.
Mientras Podemos y una de las dos diputada de Compromís (Águeda Micó) se quejan de que aún no han sido contactados, Montero se ha topado con el portazo de ERC, que tiene la orden de Oriol Junqueras de rechazar cualquier diálogo hasta que el PSOE impulse la financiación singular catalana.
Junts per Catalunya, cuyos votos son también necesarios, reclama también el cumplimiento previo de otras promesas -principalmente, la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont-. Esa pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional, pero el Gobierno asegura que ya dialoga con el partido de Puigdemont para intentar convencerles de que avalen la senda de déficit.
De hecho, fuentes del Partido Socialista deslizan que el problema fundamental para Junts tiene que ver con la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas. En 2024, los independentistas tumbaron la senda de déficit que el Ejecutivo llevó a la Cámara Baja, y forzaron que recularan en su segundo intento, ante la promesa de que volverían a hacer lo mismo.
Fue Josep María Cruset, portavoz adjunto, quien anunció que tumbarían los objetivos de estabilidad presupuestaria. Reclamaban que las CCAA pudieran incurrir en una décima más de déficit -estaba en el -0,1%-, y su negativa llevó al Gobierno a plegar velas. El Ejecutivo volvió a intentarlo en septiembre, pero ya no quiso asumir otra derrota. La advertencia de Junts sobre el margen de déficit, así como sus críticas sobre los porcentaje de ejecución presupuestaria en Cataluña, acabaron de convencer a Montero.
La estrategia del Gobierno es bien distinta hoy: primero, porque se pone en la hipótesis de que es tremendamente complejo sacar las cuentas públicas -algunos dirigentes insinúan que lo ven imposible-. Y, segundo, porque Sánchez ya ha dejado claro que se mantendrá en La Moncloa con o sin nuevos Presupuestos. El compromiso es presentarlos, como requiere la Constitución. Y hasta ahí están dispuestos a llegar.
Incluso el Gobierno descarta el “milagro” de evitar la prórroga presupuestaria
Tampoco quieren avanzar plazos. Montero acostumbra a repetir que la senda, la primera parada en el camino presupuestario, llegará “pronto”, o “lo antes posible”. Han dejado pasar el 30 de septiembre, el último día que contempla la Carta Magna para llevar el proyecto de ley de Presupuestos a la Cámara Baja. Ni siquiera han aprobado aún la senda de déficit, y ya aseguran que con o sin ella, habrá presentación de cuentas públicas.
Distintas fuentes del Gobierno asumen también que habrá que prorrogar las cuentas de 2023 por tercer año consecutivo. Sería un “milagro” lograr unas nuevas cuentas antes del 1 de enero, afirman desde Moncloa. Sólo la tramitación en el Congreso requiere de no menos de un mes y medio, por lo que todo apunta a que 2026 arrancará con las cuentas de otra legislatura. Esto es, las aprobadas por otro Congreso de los Diputados, en noviembre de 2022. Montero trabaja modificando partidas, auxiliada por la buena marcha de la economía en términos macro, así como por el récord de recaudación fiscal.
La Agencia Tributaria logró cosechar 210.000 millones en los ocho primeros meses del año, un 11% más que en 2024. La vicepresidenta se ha visto con margen para destinar 10.471 millones extra a las partidas relacionadas con la defensa y la seguridad, como exigía la OTAN. El socio minoritario, Sumar, le reprocha que le cueste mucho más destinar recursos a partidas sociales, como ocurrió con los nuevos permisos de maternidad y paternidad. Y Montero suele obviar estas quejas.
La estrategia pasa por seguir apurando la gasolina de los fondos europeos Next Generation, y por restar importancia a la incapacidad de la coalición de poner de acuerdo a una mayoría parlamentaria para forjar unas nuevas cuentas.
“Los constituyentes no tenían en mente que haya tantos partidos”, lamentaba estos días un ministro. El mismo que señalaba las dificultades que también afrontan las CCAA gobernadas por el PP sin mayoría absoluta para aprobar Presupuestos: “Nosotros nos ponemos más de acuerdo con los socios que el PP con Vox”, presumió.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
No sólo es Junts: “Podemos está en el no a todo”
Después de que Junts dejase caer dos normas promovidas por Sumar, y Podemos hiciese lo propio con una del PSOE y de Junts, en sólo tres semanas de curso político, en el Gobierno asumen que son los aliados más difíciles de convencer. Ione Belarra, diputada y secretaria general morada, advirtió esta semana de la distancia “cada vez mayor” que les separa del Ejecutivo.
“Están negados a apoyar cualquier medida”, reconocen en el Gobierno. La intención de Montero es “seducirlos con partidas de gasto social”. Los morados responden que ya han trasladado sus exigencias en lo que tiene que ver con la intervención del precio de la vivienda. O con el “genocidio” de Israel en Gaza. El PSOE no ve apenas margen para acercarse a sus posiciones, y le pide no confundir la negociación presupuestaria con la de otras materias. Sin éxito.
Al final de la semana, el Gobierno sí logró un pequeño balón de oxígeno: después de pedir a Junts que recapacitase sobre su voto al decreto de embargo de armas, trascendió que el partido de Puigdemont votará a favor.
Es uno de los frentes abiertos del Ejecutivo que deberá resolverse la próxima semana, como ocurre con la ley de movilidad sostenible a la que se opone Podemos, y que también se votará en pleno. Además, Belarra volverá a llevar a tribuna a la ministra de Hacienda, en este caso para cuestionarla por el impacto de las relaciones económicas con Israel. Es la cuestión por la que se muestran más críticos con el Gobierno. Y evidencia que la distancia que les separa va más allá de la retórica.
Poner de acuerdo a partidos de izquierdas y de derechas para que permitan tramitar prácticamente cualquier norma es buscar la cuadratura del círculo, lamentan los socialistas. Para unos Presupuestos es aún más complicado. Sólo hay una cosa que resulte más cara que el apoyo a unas cuentas, como reconoce una dirigente socialista: una investidura. Y aún están pagando parte de los peajes que contrajeron para la de Sánchez, en noviembre de 2023. Incluso en sus filas reconocen que Montero tiene muy difícil encontrar la salida del laberinto.