37,5 horas semanales. Es la exigencia reiterada que el Ministerio de Trabajo lleva arrastrando desde el inicio del segundo mandato de Pedro Sánchez. El acuerdo entre Gobierno y sindicatos de reducir la jornada laboral sin merma salarial se firmó en diciembre del año pasado. En el propio escrito ambas partes se comprometieron a su entrada en vigor “antes del 31 de diciembre de 2025”. A falta de menos de cuatro meses para que el plazo concluya, es más que previsible que mañana, 10 de septiembre, el Congreso apruebe las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox, PP y Junts, quienes suman mayoría con 177 escaños.
Ante la posibilidad de que mañana se constate el rechazo por parte de la cámara baja y oficialice la devolución al Gobierno del proyecto, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, anunciaron ayer lunes una “pesadilla” de movilizaciones. Ambos dirigentes puntualizan que las protestas están todavía en “fase de organización”, ya que este calendario de votación “no estaba previsto”. No obstante, los líderes sindicales han hecho un llamamiento a que “los trabajadores actúen de manera militante para conseguir el objetivo”.
Movilizaciones
Las marchas están programadas en todos los municipios y comunidades autónomas. Aunque tendrá su foco mediático en la capital española. En Madrid, Álvarez y Sordo han revelado que las primeras concentraciones se producirán durante la tarde del mismo miércoles en la Plaza de las Cortes. La reivindicación coincidirá con la hora de la votación de las enmiendas durante el Pleno del Congreso, a las 16:00 horas. Aunque se trata de tres textos distintos, solo habrá una única votación, ya que PP, Vox y Junts coinciden en pedir la devolución del texto al Ejecutivo. Desde las organizaciones sindicales defienden que las manifestaciones pretenden dar un claro mensaje dentro del hemiciclo. “Queremos que los diputados a la hora de votar reciban ese calor”, ha declarado Pepe Álvarez.
La imagen de Álvarez y Sordo juntos refuerza la unidad sindical. Aunque en ocasiones UGT y CCOO han discrepado en estrategias, la defensa de la jornada laboral los ha vuelto a alinear. Esa foto conjunta se convierte en un mensaje doble: hacia los trabajadores, a quienes piden movilizarse sin fisuras; y hacia el Gobierno, al que recuerdan que la calle respalda la medida y no debe dar un paso atrás en la negociación parlamentaria. Las sedes provinciales de ambos sindicatos también trabajan desde hace días para lograr la asistencia esperada.
Apoyo para Yolanda Díaz
El apoyo no es sólo en favor de los trabajadores, sino que también da aliento a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. La negativa del Congreso a la reducción de la jornada laboral y al resto de medidas incluidas en el paquete de esta nueva reforma, debilitaría la cartera de Díaz. El departamento perdería el tema principal de su agenda de Gobierno, además de limitar la capacidad de progresión de otros temas clave de su Ministerio.
Pese al varapalo que supondría el rechazo de la reforma, el Gobierno podría volver a tramitar el proyecto de ley. Tendría que ser aprobado nuevamente por el Consejo de Ministros, antes de volver al Parlamento. Asimismo, Díaz ha asegurado que otra de las grandes normas del paquete, el registro horario, podría tramitarse a través de un Real Decreto. En este sentido, Pepe Álvarez, tras una reunión en la tarde de ayer en el Palacio de la Moncloa trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “la necesidad de seguir haciendo reformas para mejorar la vida de las trabajadoras y trabajadores, especialmente en la subida de salarios y reducción de la jornada laboral“.
Hoy me he reunido con el Presidente @sanchezcastejon para tratar los retos de la emergencia climática, desarrollo de la ley de bomberos forestales, protección de los pequeños agricultores y agricultoras y el desarrollo rural.
Le he trasladado también, en nombre de UGT, la… pic.twitter.com/6W2C7TAzX6
— Pepe Álvarez (@SG_UGT) September 8, 2025
3 millones de funcionarios
Las protestas convocadas por UGT y CCOO no se limitan a la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, las otras exigencias no son igual de benevolentes para el Ejecutivo. Las federaciones de Servicios Públicos de UGT y el Área Pública de CCOO han anunciado que retomarán el proceso de movilizaciones iniciado el pasado 8 de julio para denunciar los incumplimientos del Gobierno con más de tres millones de empleadas y empleados públicos.
En esta ocasión el detonante ha sido la falta de respuesta del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a las reivindicaciones recogidas en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. El pacto expiró en diciembre de 2024, pero los compromisos siguen pendientes, según los sindicatos. Entre ellos destacan cuestiones clave como la jubilación parcial del personal laboral, funcionario y estatutario. La clasificación profesional conforme al Sistema Español de Cualificaciones, la recuperación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado o la mejora de las condiciones del Servicio Exterior.
Diálogo y calendario de aplicación
Los sindicatos denuncian además lo que consideran un “desprecio” del Ministerio, que llegó a presentar un documento de “consenso” para una administración abierta sin haberlo negociado ni consensuado con las organizaciones sindicales. A este malestar se suma la reciente publicación de la orden para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. A juicio de UGT y CCOO, ese proceso presupuestario abre una oportunidad para retomar el diálogo y fijar un calendario de aplicación de los puntos pendientes del Acuerdo Marco, incluyendo mejoras retributivas en 2025. Ante la ausencia de avances, ambas organizaciones han advertido que las movilizaciones se intensificarán en las próximas semanas hasta que el Ejecutivo atienda sus demandas.
El miércoles será decisivo. El bloqueo parlamentario de PP, Vox y Junts amenaza con dejar sin avances concretos una reforma que se gestó con meses de negociación entre Ejecutivo y sindicatos. En este contexto, la votación no sólo medirá la fuerza parlamentaria de los partidos, sino también la capacidad del Gobierno de mantener su agenda y su credibilidad en defensa del diálogo social. Entre tanto, los trabajadores siguen esperando. Tanto los funcionarios que ya han iniciado sus reclamaciones, como los empleados del sector privado que aguardan un alivio laboral.