No es una novedad. Hasta en nueve ocasiones se han prorrogado unos presupuestos generales del Estado desde el inicio de la Democracia. El adelanto electoral en Cataluña fue el desencadenante para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacrificara la posibilidad de sacar adelante unas cuentas públicas específicas para este 2024.
Sucedió algo similar en los años 1979, 1983, 1996, 2012, 2017, 2018, 2019 y 2020. Una renuncia que tiene efectos en el día a día de los ciudadanos. Algunas medidas que van a dejar de aplicarse afectan de lleno a las mujeres ya que sí o sí van a tener que retrasarse, al menos, hasta el año 2025.
En la práctica, la prórroga de los presupuestos significa tener el mismo dinero para gastar que el año pasado, sin posibilidad de aprobar nuevas partidas para asuntos sociales que se habían planteado aplicar para este ejercicio.
Permisos de maternidad
Como los permisos de maternidad y paternidad. La intención era ampliarlos de las 16 semanas actuales hasta las 20 semanas. Esas cuatro semanas de diferencia se quedan en el limbo y las madres y padres van a sufrir las consecuencias: es exactamente un mes menos de baja para poder dedicar a su bebé.
Desde 2021, en España, tanto las madres como los padres disfrutan de un permiso por nacimiento equitativo: son 16 semanas intransferibles y con derecho a la remuneración completa.
De momento, los cuatro meses actuales de permiso para los progenitores se dividen en seis semanas obligatorias de baja por paternidad o maternidad, todas ininterrumpidas y a jornada completa tras el parto o resolución si se trata de una adopción.
Y diez semanas más que se pueden disfrutar en periodos semanales hasta que el bebé cumpla 12 meses y que debe comunicarse a la empresa con al menos quince días de antelación.
IPREM
La renuncia a unos nuevos Presupuestos Generales del Estado supone también un problema para los más vulnerables ya que no se va a revalorizar el IPREM, que es un índice que se emplea en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones y prestaciones a familias y personas físicas.
Se utiliza, por ejemplo, para el cálculo de la indemnización mínima por despido, para determinar la renta mínima de inserción, para el acceso a las viviendas de protección oficial, para conceder el ingreso mínimo vital, los bonos sociales eléctricos y térmicos, para el cálculo de la prestación por desempleo, para la concesión de becas para estudios o incluso para solicitar un abogado de oficio.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está presionando para que el Gobierno lo suba un 3%, pero la otra parte del Ejecutivo no se ha pronunciado. Díaz alega que apenas se ha revalorizado desde que nació, hace veinte años, sobre todo si se compara con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2004, las cifras del SMI e IPREM coincidían y se situaban en los 460,50 euros mensuales. Dos décadas después, el IPREM solo ha subido hasta los 600 euros mientras que el salario mínimo ya se encuentra en los 1.134 euros mensuales.
UGT ha denunciado que la referencia al IPREM se ha quedado obsoleta y pide sustituirlo por un indicador de pobreza que dé seguridad jurídica y sirva de verdadero índice de cobertura social y no esté expuesto a los riesgos de los presupuestos.
Desde hace 20 años, los incrementos de este indicador han sido muy inferiores al coste de la vida y actualmente no llega al 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se sitúa en los 600 euros. “Por ello, el IPREM incumple de forma fragrante su principal función, que es la de garantizar unos niveles adecuados de cobertura social y fijar un parámetro objetivo para recibir ayudas del Estado.
La situación se va a ver agravada en este 2024, año en el que se ha anunciado que se van a prorrogar los Presupuesto Generales del Estado y, por lo tanto, si no se remedia, va a permanecer congelada la cuantía establecida para este indicador”, señalan desde el sindicato.
Si no se revaloriza, significa que tampoco lo hacen las ayudas y subsidios que proporciona el SEPE y que dependen de este indicador como el subsidio por desempleo. “La cuantía del subsidio por desempleo se revaloriza siempre que el Gobierno revalorice la cuantía del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples para ese año, dado que la cuantía del subsidio es el 80 % del IPREM mensual vigente en cada momento”, detalla en su web el SEPE.
IRPF Y SMI
Otro asunto importante que afecta a la sociedad española, específicamente a los que menos tienen y en particular a las mujeres está relacionado con el salario mínimo interprofesional (SMI). Unos 2,5 millones de trabajadores cobra el SMI, un tercio son mujeres y jóvenes. Son 1.134 euros en catorce pagas.
Los nuevos presupuestos de 2024 llevaban consigo un ajuste del IRPF para que los trabajadores del SMI estuvieran exentos de pagar este impuesto. Elevar el mínimo exento de IRPF a 15.876 euros para adecuarlo al nuevo SMI, con la última subida ya aplicada.
Según el propio Ministerio de Hacienda, la subida del salario mínimo obliga a revisar la regulación de la renta, para evitar que estos contribuyentes soporten retención o ingreso a cuenta. Pero con la prórroga de los presupuestos tampoco se puede modificar este asunto.
Queda en el aire la puesta en marcha de miles de viviendas sociales para amortiguar los precios disparados del alquiler. Tampoco se van a poder convocar nuevas oposiciones públicas. Y una medida especialmente dolorosa que se queda en stand-by: la aprobación de la ley en apoyo a los enfermos de ELA; sin financiación no se podrá aplicar.
Hay otros asuntos que no sufrirán cambios pese a la prórroga de los presupuestos como la revalorización de las pensiones o el aumento de un 2% del sueldo de los empleados públicos. Jubilados y funcionarios pueden respirar tranquilos.
