Pese a los intentos por acercar posturas, finalmente la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) será únicamente suscrita por los sindicatos. La patronal, que no se adhiere al acuerdo desde el alza de 2020 hasta los 950 euros, volvió ayer a rechazar el aumento del sueldo base. En esta ocasión, -y en línea con lo que ya se había anticipado- UGT y CCOO han acordado elevar el SMI hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas. Es decir, un 3,1% más que en 2025, cuando la retribución mínima se fijó en 1.184 euros al mes. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobará próximamente el incremento que, además de no tributar al IRPF, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero del presente año.
“No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible“, ha subrayado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Reforma de las compensaciones
Por otro lado, el ‘número dos’ de Trabajo ha confirmado que el Ministerio “va a llevar adelante” una reforma del decreto de SMI actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos. “No es posible que la subida del salario mínimo se pierda por el camino, no llegue al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación“, ha insistido Pérez Rey.
La patronal ha rechazado de manera tajante la propuesta, y argumenta que introducir este cambio invadiría competencias legislativas. Así, considera que solo podría realizarse mediante un proyecto de ley. De ser así, la medida tendría que pasar por el Congreso de los Diputados. Allí, Vox, PP y Junts –principales paladines de la patronal- previsiblemente votarían en contra.
El ‘no’ de la CEOE
Con la luz verde prevista de los sindicatos, Trabajo redobló recientemente los esfuerzos por atraer a la patronal al pacto. Así, el Ministerio de Hacienda, y en apoyo al empeño de Díaz, propuso el miércoles un incentivo fiscal en el Impuesto de Sociedades para las empresas que paguen salarios por encima del sueldo base.
Sin embargo, no tuvo el efecto esperado. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme manifestaron ayer su rotunda oposición a la bonificación planteada para compensar el aumento del SMI. En este sentido, la patronal tildó de “fórmula trilera” con requisitos “inalcanzables” la medida. Y denunció que se trata de un movimiento para sustituir la indexación de los contratos públicos.
Además, la patronal criticó que el diseño del incentivo “deje fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores”. “De hecho, la medida excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro”, argumentaron CEOE y Cepyme. Con todo, el Ministerio de Trabajo no sometió la propuesta de Hacienda a la mesa de diálogo social al considerar que “era una pérdida de tiempo”.
La oferta de Hacienda
La iniciativa permitía acogerse a esta rebaja a las empresas con menos de 100 trabajadores si contratan, al menos, a un empleado a tiempo completo durante un año con un sueldo superior al SMI. En el caso de empresas con plantillas de 100 o más asalariados, el mínimo exigido sería de dos nuevas contrataciones bajo las mismas condiciones.
Por otro lado, el importe de la deducción fiscal iba a estar supeditado al aumento de plantilla acometido. Así, si el crecimiento de contrataciones por encima del SMI es inferior al 5%, la deducción equivaldría al 25% del coste adicional que genera el alza salarial. El porcentaje de la rebaja se incrementará según la intensidad del aumento de contrataciones.
Unos por poco ambiciosa y otros por innecesaria, la oferta ha sido criticada por parte de todos los agentes implicados. En este sentido, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, rechazó que la subida pueda tener un sobrecoste fiscal para las empresas. Por lo que criticó la propuesta de Hacienda: “Yo creo que una subida del 3,1% es una subida perfectamente razonable. Y que pueden asumir las empresas sin minorar los ingresos en el Impuesto sobre Sociedades”. Y recordó que el tributo sobre la ganancia de las empresas “es el único de España que, pese a la buena marcha de la economía, no ha recuperado los niveles de recaudación previos a las últimas crisis”.