Impacto desigual

Una quita desigual para los ciudadanos: los catalanes tendrán 400 euros menos de deuda, frente a los 500 euros más de los madrileños

María Jesús Montero defiende que la condonación de la deuda beneficia más a las autonomías del PP que acaparan 7 de cada 10 euros. Omite que en diez comunidades implicará una subida de la deuda justada per cápita

MADRID, 16/06/2025.- La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero asiste a la rueda de prensa que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez ofrece tras la primera reunión de la Ejecutiva de este partido después de la salida de Santos Cerdán como secretario de Organización a consecuencia del contenido de un informe de la UCO, este lunes en la sede de Ferraz. Sánchez ha asegurado que su partido es una "organización limpia" que nunca va a actuar como el PP en materia de corrupción y, por tanto, "no va a perseguir a denunciantes ni destruir pruebas a martillazos". EFE/ Javier Lizon

El Gobierno de Pedro Sánchez avanza en el cumplimiento de su pacto con ERC con la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las comunidades autónomas de régimen común, a través del cual articulará la condonación de 83.242 millones de euros de deuda autonómica. Una primera aclaración para tener en cuenta es que esta decisión no implica que se ‘perdone’ la deuda regional, sino que el pasivo cambia de manos: de las Comunidades Autónomas pasará a ser asumido por el Estado. De ahí que el proyecto no afecte al déficit público ni a la deuda pública de España, que seguirá siendo la misma.

Este proyecto normativo comienza ahora su tramitación formal, con la fase de audiencia e información pública en la que podrán participar “los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen”. Sin embargo, y aunque este fue un detalle obviado por la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, el impacto es desigual para los ciudadanos y algunos podrían verse tentados a participar. Con la condonación, los catalanes verán reducida en 400 euros la deuda per cápita si se mantuviera regionalizada. Por el contrario, el efecto en los madrileños es de casi 500 euros más.

Punto de partida: qué dice el Gobierno

Tras el Consejo de Ministros, Montero explicó que, una vez que el Estado asume el 26,7% del conjunto de la deuda (311.622 millones de euros a diciembre de 2023), esta se repartirá entre todos los españoles con independencia de su lugar de residencia. Según el cálculo desarrollado por el Ministerio de Hacienda, que parte de una población ajustada de 44 millones de personas, la quita implica una distribución per cápita equivalente a 1.892 euros por ciudadano.

“No perjudica a ninguna comunidad, es beneficiosa para todas”, recalcó María Jesús Montero, quien incidió en que permitirá a todas las autonomías liberar más recursos para mejorar los servicios públicos. Frente a las críticas del PP, insistió en que es “falso” que la propuesta perjudique a estas autonomías: “siete de cada diez euros se destinan a regiones populares”, aseveró. Subrayó, a su vez, que Andalucía será la autonomía con mayor condonación en términos absolutos, con 18.791 millones. Y añadió que, desde el punto de vista per cápita, es Valencia la más beneficiada, con 2.284 euros, en tanto que Canarias es la que mayor porcentaje reduce: un 50% del total.

¿Por qué beneficia a unos más que a otros?

Sin embargo, si se ahonda en el detalle de la condonación, el impacto es desigual según las comunidades autónomas y para diez de ellas implica que sus ciudadanos ven elevado el montante de deuda per cápita, porque los 1.892 euros superan los que les corresponderían sin la transferencia al Estado. Este cálculo, que hizo Jorge Azcón, presidente de Aragón, pone de manifiesto que en las autonomías con un endeudamiento por encima de la media la deuda per cápita se reduce. En aquellas que parten de una posición más saneada, el resultado es el contrario.

Cataluña es el ejemplo más claro del primer grupo. Con una deuda per cápita ajustada de 2.284 euros, la condonación supone un recorte de 392 euros hasta los 1.892. También salen beneficiadas la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, que superaban ese umbral. En el otro extremo se encuentran territorios como Aragón, Madrid, Galicia o La Rioja. En el caso de Madrid, la deuda por habitante sube de 1.368,86 euros a 1.892 euros, lo que implica un aumento de 523 euros.

Cálculo per cápita

María Jesús Montero en la rueda de prensa en la que presentó la aprobación de la quita de la deuda por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La Moncloa.

En relación con la afirmación de la ministra de que la Comunidad Valenciana es la autonomía con mayor condonación de deuda (2.284 euros), este dato no refleja el montante final. En su cálculo, Hacienda compensa -Fase 3 del cálculo- a las autonomías que cumplen con alguno de estos dos criterios: infrafinanciación o esfuerzo fiscal. Esto supone una aportación extra para Andalucía de 7.531 millones o de 484 millones para Cataluña. Y que estas regiones eleven su importe hasta el umbral de Valencia.

¿Cómo calcula Hacienda el impacto per cápita? La metodología parte del cálculo del sobreendeudamiento y se divide en tres fases. Primero, se establece una condonación de 60.232 millones en función de la población ajustada. Ello supone una rebaja del 19% de media del endeudamiento conjunto al cierre de 2023. En una segunda fase, se eleva la quita a comunidades por debajo de la media. El objetivo es que, al menos, todas alcancen dicho el umbral (19%). Supone añadir 11.514 millones adicionales y que la quita por habitante se sitúe en 1.631 euros.

Otras diferencias

Por último, se realizan dos ajustes adicionales. Primero, para equiparar a la comunidad que presenta mayor condonación por habitante ajustado, Valencia con 2.284 euros, con las que han tenido una financiación por habitante inferior a la media, lo que implica añadir 10.590 millones de condonación. Y también se ‘premia’ a las comunidades que han subido el IRPF, lo que implica otros 917 millones más. Por eso, la condonación media nacional ajustada por habitante se sitúa finalmente en 1.892 euros.

Otra diferencia es el porcentaje total de deuda condonada. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son, en este orden, las tres autonomías que verán reducida su deuda por encima de los 10.000 millones de euros. En concreto, la propuesta establece 18.791 millones para Andalucía, el mayor importe; seguida de Cataluña (17.104 millones) y la Comunidad Valenciana (11.210 millones). Sin embargo, mientras que para Andalucía supondrá la condonación de más del 48% de su deuda, en el caso de Valencia apenas llega al 19%. La primera es una región en la que se está volcando María Jesús Montero como futura candidata regional.

¿Implica que habrá más dinero para servicios sociales?

María Jesús Montero subrayó que la condonación de la deuda mejorará la posición financiera de las comunidades autónomas. Y reducirá su gasto en intereses, lo que repercutirá positivamente en políticas sociales. Según sus cálculos, la condonación supondrá un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de intereses por parte de las autonomías del régimen común (no se incluyen País Vasco y Navarra). En su interpretación, estos ahorros podrán destinarse a partidas como sanidad, educación o dependencia.

Cristina Herrero, presidenta de la AIReF
AIReF

Sin embargo, esta afirmación choca con la advertencia de la AIReF. El pasado mes de febrero, fue tajante: “La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las CCAA y un incremento en la Administración Central. […] este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas”. Preguntada al respecto, Montero indicó que las reglas fiscales no limitan según el origen de los ingresos. Y así, zanjó que se podrá destinar este dinero a partidas sociales.

¿Cuándo entrará en vigor?

Una vez que el anteproyecto de Ley ha sido aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros, el texto debe superar el trámite de audiencia e información pública. Después, volverá en segunda vuelta a Moncloa, para su aprobación como proyecto de ley por el Gabinete. Entonces será remitido al Parlamento, donde, al tratarse de una Ley Orgánica, requiere la aprobación por mayoría absoluta. Las estimaciones del Ejecutivo son que pueda ver la luz en el primer trimestre de 2025.