La Junta de Castilla y León ha dado un paso más en su estrategia de recuperación tras los devastadores incendios de 2025. Este viernes se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) la modificación de las bases reguladoras de la línea de ayudas a la creación de empresas, gestionadas por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL).
La principal novedad de esta modificación es que las compañías que se constituyan en los municipios afectados por los fuegos podrán acceder al porcentaje máximo de subvención, que se eleva hasta el 75 % de los costes subvencionables, frente al 35% previsto inicialmente. Con este incremento, el Ejecutivo autonómico pretende incentivar la inversión y dinamizar la economía en las zonas rurales más castigadas, reforzando al mismo tiempo su compromiso con el desarrollo territorial equilibrado y la resiliencia empresarial.
El programa de ayudas tiene como finalidad fomentar el emprendimiento y apoyar la financiación de proyectos de inversión, tanto en activos materiales e inmateriales como en los gastos imprescindibles para poner en marcha nuevas actividades económicas. La convocatoria se abrirá mañana y permanecerá activa hasta el 31 de diciembre de 2025, con solicitudes que deberán presentarse a través de la página web oficial de creación de empresas de la Junta.
Dotación inicial del plan
La iniciativa se enmarca en un plan integral más amplio, dotado con 114 millones de euros y articulado en 47 medidas, diseñado para paliar los efectos de los incendios forestales. Este paquete de actuaciones contempla no solo ayudas a las empresas, sino también la reparación de viviendas dañadas, la reconstrucción de infraestructuras y caminos rurales, así como la restauración del patrimonio cultural afectado.
El objetivo del programa es garantizar la viabilidad de los negocios en el corto plazo y, al mismo tiempo, sentar las bases para un desarrollo económico sostenible en el medio rural. Desde la Junta destacan que estas medidas buscan no solo reparar los daños inmediatos, sino también crear condiciones favorables que permitan a los territorios afectados mantener población, generar empleo y fortalecer su tejido productivo.