La Xunta contrató un servicio para trasladar a las víctimas de violencia de género a las nuevas secciones especializadas en Santiago de Compostela y Ourense, como parte del proceso de comarcalización de sus servicios judiciales. Esta medida respondió al cumplimiento de la Ley de eficiencia de la justicia. Según informa Europa Press, el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, explicó este miércoles en la Comisión 1ª que la prestación futura responde a una reorganización estatal de competencias que impone costes a las comunidades autónomas sin previo consenso. “El Gobierno legisla y las comunidades tienen que pagar sin ser escuchadas”, criticó.
Un real decreto publicado en junio reguló la creación de cuatro nuevas plazas judiciales especializadas en violencia machista en Galicia: dos en Santiago y Ourense —que asumen competencias comarcales— y dos más en A Coruña y Vigo, a partir de plazas transformadas. Tronchoni confirmó que estas unidades contarían con refuerzos en plantilla, con dos funcionarios más en Santiago, Ourense y Vigo, y tres en A Coruña, con el objetivo de no superar los 150 expedientes por funcionario, lo que calificó como “una ratio buenísima”.
Críticas a la comarcalización
El diputado del BNG, Iago Tabarés expresó su rechazo a la comarcalización de los partidos judiciales en Santiago y Ourense, afirmando que los nuevos juzgados “nacerán colapsados”. Tronchoni conoció esta decisión por una llamada de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, que vinculaba la creación de estas plazas a la comarcalización. Aunque mostró reservas, la Xunta aprobó la medida al no haber otra alternativa viable.
Pese a sus dudas, Tronchoni adoptó una postura pragmática, sin estar de acuerdo con la decisión, él prefiere “ver el vaso medio lleno“. Reconoció las incomodidades que el desplazamiento supondría para las víctimas, pero anunció que la Xunta asumiría estos traslados, con un presupuesto de 600.000 euros. Valoró, no obstante, la especialización como un punto positivo de esta reestructuración y subrayó que el alejamiento del lugar de los hechos podría reducir el impacto psicológico sobre las víctimas.
Plazos “cumplidos” en las oficinas judiciales
En cuanto a las oficinas judiciales, desde el pasado martes los juzgados de paz pasaron a convertirse en Oficinas de Justicia municipales. Galicia ya cuenta con 38 de las 45 previstas, tal y como indica Europa Press. Tronchoni afirmó que “se han cumplido los plazos”, pese a que el calendario establecido era “apresurado”. Defendió la permanencia de estos juzgados como esencial, especialmente por el envejecimiento de la población y el riesgo de despoblación rural.
El director xeral aseguró que estas oficinas no solo mantendrán los servicios existentes, sino que los ampliarán, con el fin de evitar desplazamientos a las capitales. El proceso de adaptación será gradual, dependiendo de los recursos disponibles en cada municipio, y se desarrollará en coordinación con las entidades locales. Tronchoni respondió así a una pregunta de la diputada popular, Paula Prado, quien acusó al Ejecutivo central de “dinamitar la división de poderes”.