El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado el compromiso del Consell con la defensa de los trasvases y ha anunciado que la Comunidad Valenciana se personará en la demanda interpuesta por la asociación Xúquer Viu contra la adenda al convenio que regula el trasvase Júcar-Vinalopó, con el objetivo de garantizar su continuidad.
Durante la apertura del VII Congreso Nacional del Agua en Elche, Mazón defendió que esta infraestructura es fruto del consenso entre los regantes y constituye un “ejemplo de solidaridad” donde todas las partes implicadas cumplen con los compromisos adquiridos. Subrayó, además, que el trasvase responde a criterios “técnicos y científicos”, en contraste con lo que calificó de decisiones basadas en “política y dogmatismo” por parte del Gobierno central.
El jefe del Consell criticó que el Ejecutivo no haya aportado razones técnicas para modificar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, advirtiendo de que la intención es poner fin a este suministro vital para la provincia de Alicante. A su juicio, dichas normas “no guardan relación con los caudales ecológicos del Tajo, que están garantizados y no corren peligro”. Añadió que el trasvase no es responsable de los problemas de la cuenca cedente, donde, según afirmó, se están produciendo “desembalses excesivos que desperdician recursos hídricos de gran valor”.
Mazón reclamó al Gobierno mayor voluntad de diálogo y medidas concretas como la modernización de regadíos, la construcción de balsas y una gestión más eficiente de los embalses. Estas actuaciones, señaló, son “imprescindibles” para mejorar la calidad del agua, optimizar el régimen fluvial y asegurar el abastecimiento sin perjudicar a ninguna cuenca.
El presidente advirtió que el fin del trasvase tendría un fuerte impacto económico y social en Alicante, Murcia y Almería, con una pérdida patrimonial de hasta 5.692 millones de euros, la destrucción de más de 27.000 hectáreas de regadío y la desaparición de más de 15.000 empleos. En el caso concreto de Alicante, calculó pérdidas en la producción agrícola de casi 61 millones de euros y la eliminación de 1.700 puestos de trabajo.
Ante este escenario, Mazón avanzó la creación de un frente común con comunidades autónomas, regantes y ayuntamientos afectados para defender el trasvase y garantizar el agua necesaria para el sureste español. En paralelo, puso en valor la apuesta de la Comunidad por la reutilización y modernización de regadíos, recordando que se han destinado 38,8 millones de euros en 2025 para estas actuaciones y que la región es líder europea en volumen de agua reutilizada.
Finalmente, Mazón reafirmó que la defensa del agua es un compromiso “de justicia” para la Comunidad Valenciana y agradeció a quienes trabajan para asegurar un futuro en el que este recurso siga siendo “sinónimo de vida, prosperidad, protección ambiental y esperanza”.