Hace apenas una semana, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaba el cierre de la cárcel del Helicoide. Aunque la noticia es positiva, para Lorent Saleh, activista de derechos humanos y expreso político del chavismo, el gesto no puede confundirse con una rectificación del régimen. “Significa una fuente de dolor y sufrimiento muy profundo para miles de personas y para todos los venezolanos en general”, explica. Y añade: “Esto que ahora anuncia Delcy no nace de un despertar moral, ético o espiritual. Nace de la presión de fuerza por parte de la administración del presidente Trump”.
Saleh conoce El Helicoide desde dentro. Estuvo detenido allí entre 2016 y 2018, después de pasar dos años en ‘La Tumba’, los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Antes, en 2014, había sido secuestrado en Bogotá y entregado a las autoridades venezolanas. Por eso, insiste en que el anuncio del cierre no puede desligarse del contexto internacional. “No es simplemente un intento de limpiar la imagen, es la consecuencia de una intervención de fuerza por parte de Trump. Nos guste o no, fue esto lo que finalmente logró lo que los organismos internacionales han debido lograr durante todos estos años”.
“Es necesario determinar responsables”
“El tema aquí no es solo cerrar este centro de tortura, y todos y cada uno de los lugares donde ejecutan estas prácticas”, señala. Y comienza a enumerar recintos policiales municipales, centros de inteligencia y contrainteligencia, cárceles y casas clandestinas. “La clave es erradicar esta práctica sistemática para siempre. Para eso es necesario determinar responsables y que se reconozcan los hechos”.
El Helicoide, recuerda, es un símbolo que trasciende al propio chavismo. “Ahí se tritura incluso desde antes de la llegada del chavismo”, explica, subrayando que su uso como espacio de represión tiene una larga historia, pero que en las últimas décadas se convirtió en un engranaje central del sistema. Lo ocurrido dentro de sus muros, añade, está ampliamente documentado. “Se ha venido documentando bastante bien. A diferencia de otras crisis en el mundo, en el caso de Venezuela se ha hecho seguimiento y se ha llevado a todas las instancias y organismos de derechos humanos”.
El camino no ha sido fácil. “Esto ha costado la vida y la libertad de muchísimas personas”. Uno de los momentos clave para visibilizar lo que ocurría fue el motín de 2018. “Pudimos rebelarnos y tomar el control de ese lugar durante un par de días”, recuerda. Aquella acción permitió mostrar en tiempo real “los calabozos de tortura y sus instrumentos”, pero también sacar a la luz la situación de personas cuyo paradero se desconocía. “Sus familias pensaban que habían sido secuestradas por bandas criminales”, explica.
Dentro de El Helicoide, señala Saleh, cientos de presos “han muerto por falta de atención médica y también se han ‘suicidado’”. Por eso insiste en la necesidad de acudir a los informes oficiales de organismos internacionales que “describen y certifican estos hechos”.
La tortura como negocio
“La violencia, la tortura y la represión en sí son un negocio”, explica el activista venezolano a este periódico. Y comienza a enumerar una larga lista del funcionariado que forma parte del engranaje: “policías, militares, agentes de inteligencia han tenido licencia para extorsionar”. Una detención, explica, podía empezar por “un meme contra Maduro o una conversación de queja” y acabar en un centro como El Helicoide si no se pagaba. “Una llamada, una visita o una atención médica se basan en dinero. Por eso los números de detenciones son tan altos”.
El caso venezolano, recuerda, lleva más de una década bajo la lupa internacional. “Está siendo investigado desde hace once años por la Corte Penal Internacional”, apunta. Pero advierte de que el cierre de un centro no garantiza por sí solo un cambio estructural. “No vale con cerrar estos lugares, sino determinar a sus responsables y reconocer los hechos. Es necesario para evitar que se repitan y para recordar hasta dónde han llegado”.
Una transición complicada
Saleh también pone el foco en la fragilidad que, a pesar de la salida de Maduro, sigue viviendo Venezuela. “Son más de 25 años bajo un sistema así. La transición es complicada y tenemos pocas garantías”, señala. “Básicamente dependemos de las ganas que le ponga Estados Unidos”.
El anuncio del cierre de El Helicoide marca un punto de inflexión, pero no un final. Para Saleh, la pregunta sigue abierta: si Venezuela será capaz de convertir ese gesto en justicia real o si quedará como un símbolo más sin consecuencias. “Cerrar no basta”, resume.
“Sin verdad y sin responsables, el riesgo es que todo vuelva a repetirse”.