El gobierno de Michel Barnier acaba de colapsar este miércoles 4 de diciembre, tras la aprobación de una moción de censura en la Asamblea Nacional francesa. La votación, que reunió 331 de los 577 votos posibles, superó con creces el umbral necesario de 288 para destituir al primer ministro y su gabinete. Supone un momento histórico, ya que es la primera vez en más de 60 años que un gobierno francés cae por este mecanismo constitucional.
La moción de censura fue impulsada por la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP) y respaldada por el partido de extrema derecha Reagrupación Nacional (RN). Ambas fuerzas, aunque tradicionalmente opuestas, coincidieron en su rechazo al presupuesto para 2025 presentado por Barnier, que contemplaba un aumento de impuestos y recortes drásticos para reducir el déficit público, proyectado en más del 6% del PIB este año. Eric Coquerel, diputado de La Francia Insumisa, criticó duramente al primer ministro al afirmar que “la mayoría [del pueblo francés] no apoya ni a su gobierno ni al presidente que le nombró para este puesto”.
El uso del artículo 49.3 de la Constitución por parte de Barnier, que le permitió aprobar el presupuesto sin una votación directa, fue el factor decisivo en su colapso. Este procedimiento, aunque legal, fue visto por muchos como una maniobra autoritaria que ignoraba las tensiones de un parlamento fragmentado. Marine Le Pen, líder del RN, calificó la política fiscal del primer ministro como “peligrosa e injusta” y añadió: “Solo ofreció una respuesta: impuestos, impuestos y más impuestos“.
Pero en su intervención final ante la Asamblea Nacional, Barnier defendió su enfoque como una medida necesaria para enfrentar las dificultades económicas de Francia. “Quisiera haber gastado más dinero para hacer las cosas más fáciles,” declaró, pero advirtió que “esta realidad no desaparecerá simplemente con el voto de una moción de censura”. Pero a pesar de sus intentos de apelar a la responsabilidad de los diputados, su discurso no logró cambiar el rumbo de la votación.
Un problema para Francia
El presidente Emmanuel Macron, que había designado a Barnier tras las elecciones legislativas de julio, ahora enfrenta la tarea de encontrar un sucesor capaz de liderar un parlamento profundamente dividido. Según fuentes cercanas al Elíseo, Macron podría anunciar el nombramiento de un nuevo primer ministro antes de la reapertura de la catedral de Notre Dame este fin de semana, en un intento por limitar la incertidumbre política. Sin embargo, el desafío de gobernar en estas condiciones parece insuperable para cualquier candidato.
La caída del gobierno de Barnier pone de manifiesto la dificultad de gestionar una Asamblea Nacional en la que ni el partido de Macron ni sus aliados poseen mayoría absoluta. Aunque Barnier intentó tender puentes con el RN para asegurar su apoyo, las concesiones realizadas, especialmente en temas de migración, no fueron suficientes. Le Pen fue clara al señalar que las medidas de Barnier solo profundizaban las desigualdades y proclamó que “el tiempo para un gran cambio está cerca”.
Luego está el contexto económico, que añade una capa adicional de complejidad a la crisis. Francia enfrenta no solo un déficit creciente, sino, también un aumento en el coste de la deuda pública debido a la inestabilidad política. Barnier insistió en que “cualquier administración futura enfrentará los mismos retos,” porque los problemas estructurales del país no desaparecerán con un cambio de gobierno.
Este es el primer caso desde 1962 en que una moción de censura derriba a un ejecutivo francés. A diferencia de aquella ocasión, cuando Charles de Gaulle disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones, Macron no podrá hacerlo antes de julio de 2025 debido a las restricciones constitucionales. Esto deja al país en una posición complicada, con un gobierno interino que podría permanecer en funciones durante meses mientras se busca un nuevo equilibrio político.