El Parlamento Europeo ha dado un paso importante en la lucha contra la violencia sexual al aprobar este martes una resolución que reclama una definición homogénea del delito de violación en toda la Unión Europea. El texto, respaldado por una amplia mayoría -447 votos a favor, 160 en contra y 43 abstenciones-, insta a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa que sitúe la ausencia de consentimiento libre, informado y revocable como eje central del delito.
La iniciativa responde a una fragmentación legal persistente entre los Estados miembros. Mientras algunos países ya han incorporado el principio de que solo un “sí” explícito constituye consentimiento, otros continúan basando su legislación en la existencia de violencia o coacción. Este mosaico normativo, según advierten los eurodiputados, genera desigualdades en la protección de las víctimas y dificulta el acceso efectivo a la justicia.
El consentimiento en la UE
El informe aprobado plantea un cambio en la forma de entender la violencia sexual. La Eurocámara sostiene que no debe exigirse a la víctima demostrar resistencia física o verbal para que se reconozca la agresión. En esta línea, se subraya que el silencio, la pasividad o la ausencia de una negativa explícita no pueden interpretarse como consentimiento.
Asimismo, el documento insiste en que factores como relaciones previas, vínculos afectivos o incluso el consentimiento dado en otro momento no deben influir en la valoración de los hechos. El consentimiento, recalcan, debe evaluarse en cada situación concreta y teniendo en cuenta el contexto en el que se produce.
El Parlamento también propone que se consideren circunstancias como el miedo, la intimidación, el abuso de poder o situaciones de vulnerabilidad —incluyendo intoxicación, inconsciencia o discapacidad—. Además, se pide que las respuestas psicológicas al trauma, como la parálisis o la llamada “respuesta de congelación”, se tengan en cuenta en los procedimientos judiciales.
Adaptación a estándares internacionales
Uno de los puntos clave de la resolución es la exigencia de que los Estados miembros alineen sus legislaciones con marcos internacionales como el Convenio de Estambul, ratificado por la UE en 2023. Este tratado establece estándares claros para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluyendo una definición de violación basada en el consentimiento.
En la actualidad, varios países europeos aún mantienen definiciones centradas en la violencia o la amenaza, lo que, según expertos y organizaciones, puede derivar en interpretaciones judiciales dispares y en una carga probatoria excesiva para las víctimas. La armonización normativa que propone el Parlamento busca precisamente reducir estas inconsistencias.
“Solo sí es sí” para toda la UE
Más allá de la definición legal, la resolución apuesta por reforzar la atención integral a las víctimas. Los eurodiputados consideran imprescindible garantizar servicios accesibles y gratuitos en toda la Unión, incluyendo asistencia médica inmediata, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y atención en salud sexual y reproductiva.
El texto también menciona la necesidad de asegurar el acceso a servicios como el aborto seguro y legal, así como la creación de centros de crisis disponibles las 24 horas. Estos espacios deberían ofrecer atención multidisciplinar para acompañar a las víctimas desde el primer momento.
Además, se propone adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta las distintas formas de vulnerabilidad y discriminación que pueden afectar a las víctimas, con el objetivo de evitar barreras adicionales en el acceso a la justicia.
Una de cada veinte ha sido víctima de violación
La Eurocámara no limita su propuesta al ámbito legislativo, sino que también pone el foco en la prevención. Entre las medidas planteadas figura la formación obligatoria y periódica para profesionales que puedan entrar en contacto con víctimas de violencia sexual, como policías, jueces, fiscales, personal sanitario y equipos de emergencia.
En paralelo, se solicita a la Comisión que desarrolle para 2026 directrices europeas sobre educación sexual y afectiva integral. Estas deberían incluir contenidos sobre consentimiento, relaciones igualitarias y autonomía corporal.
El Parlamento también aboga por campañas de sensibilización a escala europea destinadas a combatir mitos sobre la violación y a frenar la difusión de contenidos misóginos en internet, incluidos aquellos vinculados a comunidades como el colectivo “incel”.
Las ponentes del informe, Evin Incir y Joanna Scheuring-Wielgus, defendieron la necesidad de avanzar hacia una protección uniforme en toda la Unión. Incir subrayó que resulta “inaceptable” que no todas las mujeres estén amparadas por leyes basadas en el consentimiento, mientras que Scheuring-Wielgus recordó que una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido violencia de género y que una de cada veinte ha sido víctima de violación.
Por su parte, Scheuring-Wielgus insistió en la magnitud del problema al señalar que una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido violencia de género y que una de cada veinte ha sido víctima de violación. La eurodiputada también puso el foco en la falta de justicia para muchas víctimas, al advertir que “sabemos que en nuestras comunidades hay incontables víctimas, muchas de las cuales nunca verán justicia”, y defendió que la iniciativa del Parlamento busca precisamente “ir más allá de leyes obsoletas” para garantizar una protección real y homogénea en todos los países miembros.
Con todo, la votación del Parlamento marca un punto de inflexión en el debate europeo sobre la violencia sexual. La posibilidad de contar con una definición común basada en el consentimiento podría suponer un avance significativo en la protección de los derechos de las víctimas en toda la Unión.