La instalación del cable submarino de Marruecos ha generado un intenso debate político y jurídico que trasciende el plano tecnológico. Aunque se presenta como un proyecto de conectividad de última generación, su trazado y sus implicaciones afectan de lleno a Canarias, a la Unión Europea y al futuro del Sáhara Occidental.
El proyecto, previsto para entrar en funcionamiento en 2026, conectará el puerto de Arinaga, en Gran Canaria, y Fuerteventura con la costa atlántica africana. Marruecos estudia puntos de amarre en Tarfaya o Bojador. Ambos están en el Sáhara Occidental, territorio que el Derecho Internacional considera “no autónomo” y pendiente de descolonización.
Un proyecto sin consentimiento saharaui
El cable submarino de Marruecos se desplegará sin el consentimiento del pueblo saharaui, incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen su derecho a decidir su futuro político. Desde 1975, Marruecos ocupa el Sáhara Occidental, y cualquier infraestructura que implique sus aguas o recursos requiere la aprobación de sus representantes legítimos, el Frente Polisario.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado varias sentencias, la última el 4 de octubre de 2024. Estableció que todo acuerdo que incluya territorio saharaui debe contar con autorización expresa de su pueblo.
Más allá de la mejora tecnológica, el cable submarino de Marruecos forma parte de una estrategia para integrar el Sáhara Occidental en las redes nacionales marroquíes, otorgando apariencia de normalidad a una ocupación considerada ilegal por la ONU.
Este tipo de proyectos se enmarca en una política de hechos consumados: consolidar el control sobre el territorio mediante infraestructuras, explotar sus recursos naturales y cerrar acuerdos bilaterales que eluden las resoluciones internacionales.
Riesgos para Canarias y para la UE
La instalación del cable submarino de Marruecos tiene implicaciones directas para Canarias. Aunque técnicamente mejoraría las comunicaciones, el proyecto podría interpretarse como un paso más en la proyección marroquí hacia el archipiélago. Expertos alertan de que este tipo de infraestructuras pueden convertirse en plataformas para futuros desarrollos logísticos, energéticos o incluso militares.
Para la Unión Europea, el riesgo es doble. En primer lugar, podría ser cómplice de una vulneración del Derecho Internacional si no deja claro que cualquier infraestructura que pase por aguas del Sáhara Occidental necesita autorización del pueblo saharaui. En segundo lugar, aceptar este precedente debilitaría la credibilidad europea como defensora de la legalidad y los derechos humanos.
Las sentencias del TJUE sobre acuerdos pesqueros y comerciales con Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental han reforzado la obligación de respetar el principio de autodeterminación. En el caso del cable submarino de Marruecos, aplicar este criterio sería esencial para evitar que la infraestructura se convierta en un instrumento de consolidación territorial.
El incumplimiento de estas normas no solo afectaría a la situación saharaui. También erosionaría herramientas jurídicas europeas diseñadas para proteger a pueblos bajo ocupación.
Tecnología y legitimidad internacional
La cuestión central no es si el cable submarino de Marruecos es útil o no desde un punto de vista tecnológico, sino el mensaje que envía al construirse sin la aprobación saharaui. Bajo la apariencia de modernización digital, el proyecto podría contribuir a una ocupación más silenciosa pero igualmente efectiva.
La respuesta que adopten Canarias, España y la UE será clave. Mantener la pasividad permitiría a Marruecos fortalecer su control. Mientras que una reacción política y jurídica firme serviría para reafirmar el principio de autodeterminación.