Con cuentagotas, el Gobierno va dando algunas pistas de su hoja de ruta para llevar los Presupuestos Generales del Estado para 2026 al Congreso de los Diputados, donde siguen sin tener atados los votos necesarios. “Pronto”, es la respuesta más común de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando se le pregunta por la fecha en la que prevén trasladar el proyecto de ley y la senda de déficit, la primera piedra de las cuentas públicas, a la Cámara Baja.
El martes, Pedro Sánchez afirmó en una entrevista en la Cadena Ser que aspira a que Montero lleve los Presupuestos al Congreso antes de que acabe diciembre, tres meses más tarde del plazo constitucional. Y con la certeza de que las cuentas en vigor, aprobadas en 2022, volverán a prorrogarse el 1 de enero.
Previamente, fuentes del Ejecutivo anticipan que la ministra de Hacienda espera remitir la senda de déficit al Congreso antes del mes de noviembre. Esto es, en menos de cinco semanas. Pese a que reconocen que aún no tienen “acuerdo” con los grupos parlamentarios que pueda hacerla viable.
Y advierten de que, “si la tumban “, mantendrán la decisión de presentar nuevas cuentas. Serán las comunidades, anticipan, las que dispondrán de menos recursos, si finalmente se prorroga también el techo de gasto que hoy está en vigor.
Primero, Montero debe convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que tienen asiento todas las comunidades autónomas, pero en el que la vicepresidenta cuenta con mayoría. El único avance del que presumen en la parte socialista del Ejecutivo, después de semanas aireando que tienen conversaciones con varios grupos, tiene que ver con el acercamiento de posturas con Sumar, su socio de coalición. Siempre, según su versión.
También reconocen que está siendo más difícil pactar con Carles Puigdemont (Junts) y Oriol Junqueras (ERC). Junts per Catalunya es clave para que los Presupuestos Generales del Estado puedan tener el mínimo horizonte de viabilidad. Y ERC, además, lo es para que Salvador Illa logre aprobar sus cuentas en Cataluña. “A Illa le interesa el acuerdo por sus Presupuestos”, asumen.
Según estas fuentes, están “intercambiando propuestas” con la Generalitat sobre la ley orgánica que desarrollará el modelo de financiación singular catalana, que ya pactaron políticamente con ERC. Las recetas del PSOE no han convencido a Junqueras, que ha dado orden de posponer las conversaciones sobre los Presupuestos del Estado hasta que desbloqueen esta cuestión.
Después del escándalo generado en el seno del PSOE hace un año y tres meses, cuando se conoció el pacto con ERC, Montero mantiene que lo que está sobre la mesa no es un “cupo” catalán. Y, aunque ha logrado aplacar buena parte de las críticas, sabe que hay sectores del partido -en especial el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page-, que rechazan lo acordado con los republicanos. Que lo combatirán activamente.
El reto de Montero: abrir el melón de la financiación antes de salir del Ejecutivo
La ministra de Hacienda ejerce también como número dos del PSOE y como líder del PSA y candidata a las elecciones andaluzas. La intención de Montero, afirman en el Gobierno, es dejar encarrilado el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica antes de partir rumbo a Andalucía. Lo hará, previsiblemente, cuando escuche tambores preelectorales.
Su aspiración es lograr “cierto consenso” antes de salir del Consejo de Ministros, aunque después su sucesor en Hacienda pueda “ponerse las medallas”. En el Ejecutivo defienden que hay “mimbres” para forjar una propuesta “que guste a todos”, y que pueda “provocar el voto favorable de todo el mundo”.
Con una mano, en el Gobierno transcriben la lista de deseos de Montero. Y, con la otra, subrayan que la ministra no encuentra “interlocutor en el PP” para poder tejer consensos. Incluso en el Ejecutivo hay voces que apuntan a que es difícil que el Partido Popular, que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, logre pactar unos mínimos que contenten siquiera a sus territorios.
Los criterios de reparto de recursos son complejos de acordar entre comunidades con distintas realidades demográficas, geográficas, sociales o económicas. Y, aunque desde Moncloa defienden la voluntad de la vicepresidenta, también reconocen que la ausencia de un interlocutor conservador dificulta “trabajar” a la vicepresidenta.
El Gobierno considera “perdida” la mayoría absoluta de Moreno
El caso de los diagnósticos tardíos de cáncer de mama por parte de la sanidad andaluza tiene en vilo a 2.000 mujeres, y según el ala socialista del Gobierno se está convirtiendo en un serio lastre electoral para la Junta de Juan Manuel Moreno.
Sin desvelar datos que refuercen sus argumentos, fuentes del Ejecutivo consideran “perdida” la mayoría absoluta del presidente andaluz por su gestión de esta crisis. “Si esto pasa con el cáncer”, “que tiene circuitos” de detección y atención “exprés”, imagínate “el resto” de patologías, apostillan.
Estos casos ya han forzado a Moreno a nombrar a un nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz. Y hoy en el Gobierno central considera “preocupado” al PP, y con “motivos”. “El tema sanitario no es un tema cualquiera”, sentencian.
Visto que la negociación presupuestaria está atascada con los independentistas catalanes y con Podemos, en el Gobierno asumen que, si la reforma del sistema de financiación es difícil, aprobar unas nuevas cuentas públicas está prácticamente fuera de su alcance.