La decisión de un juez federal de bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles por parte de la Administración Trump ha intensificado el enfrentamiento político y legal sobre el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense. La sentencia, dictada el jueves por el juez federal Charles R. Breyer, declaró “ilegal” la movilización de tropas en California, desafiando directamente la controvertida estrategia de seguridad interna del presidente Trump.
La orden del juez Breyer detuvo el uso de la Guardia Nacional por parte de la Administración en Los Ángeles, donde el aumento de las redadas federales de inmigración ha provocado la indignación pública y ha alimentado manifestaciones generalizadas. Aunque un tribunal federal de apelaciones emitió posteriormente una suspensión temporal de la orden de Breyer, lo que permite que el despliegue continúe por ahora, el desafío legal sigue siendo un duro golpe para la Administración, justo cuando las principales ciudades de Estados Unidos se preparan para un fin de semana de protestas masivas.
“El despliegue era innecesario”
En Artículo14 preguntamos a Alison Brysk, profesora distinguida de Estudios Globales y Ciencias Políticas en la Universidad de California Santa Bárbara, por el enfrentamiento entre la autoridad federal y el gobierno local así como por los límites del poder ejecutivo y el papel del Ejército en los asuntos internos. Para Brysk, “el despliegue era absolutamente innecesario y tenía claramente como objetivo ampliar los poderes del presidente”.
-El despliegue de 700 marines y 4.000 soldados de la Guardia Nacional por parte de la Administración Trump tenía como objetivo proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante sus operaciones. ¿Era realmente necesario este despliegue?
-El despliegue era absolutamente innecesario y tenía claramente como objetivo ampliar los poderes del presidente y reprimir a la sociedad civil y a las autoridades rivales que se resistían a su agenda, como los gobernadores demócratas de los estados. Las protestas en Los Ángeles habían sido en gran medida pacíficas, aunque militantes, con algunos daños materiales y unos pocos agentes que sufrieron lesiones leves típicas del control de multitudes, que la Policía local es perfectamente capaz de proteger. Hemos visto cosas mucho peores en muchos partidos de fútbol. Por lo tanto, el despliegue tiene por objeto proteger las operaciones del ICE, no a los agentes del ICE, intimidando a los manifestantes en California y en otros lugares.
-Ni el gobernador de California ni la alcaldesa de Los Ángeles lo solicitaron. ¿Está Trump sobrepasando sus límites? ¿Hay precedentes?
-No hay precedentes de que se imponga un despliegue militar para una crisis declarada a nivel federal sin una solicitud de las autoridades locales, aunque sí está dentro de la autoridad del Ejecutivo hacerlo en una emergencia real. Estados Unidos tiene una importante limitación en el uso de las fuerzas militares para la Policía civil (la Ley Posse Comitatus), que el presidente ha eludido mediante su orden ejecutiva en la que declara una rebelión que amenaza la propiedad y las operaciones federales. Por eso el gobernador de California demandó al Gobierno para bloquear la imposición de la autoridad federal en nuestro estado.
-Por otro lado, además del miedo lógico, la gente de Los Ángeles está manifestándose y mostrando su rechazo a las políticas de inmigración de Trump. ¿Podría comenzar un movimiento multitudinario contra Trump en todo Estados Unidos? ¿O se trata de algo más particular de Los Ángeles y California?
-El movimiento ha comenzado. Partiendo de Los Ángeles, ahora se están desarrollando protestas en Nueva York, Chicago, Dallas y Atlanta. Aunque todos estos lugares están influenciados por grandes comunidades de inmigrantes que se oponen a la dura aplicación de las leyes de inmigración, Dallas y Atlanta no son históricamente liberales ni centros de protesta. Esto sugiere un rechazo más amplio al tono autoritario y militarizado de las acciones del ICE. Ya había protestas programadas en todo el país para el sábado, el “Día sin Reyes”, continuando con el rechazo a los poderes excesivos de Trump en las protestas “Hands Off” (Manos fuera) de abril.
-Trump amenazó también con invocar la Ley de Insurrección por las protestas de Los Ángeles, ¿qué significaría esto? ¿Es una posibilidad?
-Invocar la Ley de Insurrección ampliaría la autoridad del presidente para militarizar las fuerzas del orden más allá del alcance de su orden ejecutiva y eludiría el papel normal de California como autoridad estatal intermediaria que proporciona la base para la demanda. La última vez que se utilizó la Ley de Insurrección fue en 1992, durante los disturbios raciales de Los Ángeles, pero en ese caso las tropas acudieron a petición del gobernador de California, e incluso entonces se cuestionó. Se trata de un ataque muy preocupante al estado de derecho de Estados Unidos, al uso constitucional de la autoridad, al derecho a protestar y a la propia democracia.