Los primeros cien días del segundo gobierno de Donald Trump han sido una cascada imparable de titulares y conmociones, a medida que el presidente dictaba centenares de órdenes ejecutivas con las que busca una inmediata aplicación de su agresiva agenda.
Decisiones como la imposición de aranceles, las restricciones a la acogida y a la inmigración, los recortes a los servicios públicos y el giro copernicano a décadas de política exterior estadounidense, han hecho que pasen desapercibidas otras medidas más técnicas que han tenido como víctimas a las mujeres.
Y es que el presidente que contaba con satisfacción que acostumbraba a forzarlas agarrándolas de los genitales y que fue condenado en un proceso civil por agredir sexualmente a una escritora ha firmado decenas de medidas que asociaciones de mujeres consideran lesivas y han pasado desapercibidas.
Freno a la ley que protege a las embarazadas en el trabajo
El Gobierno ha frenado las últimas regulaciones para la aplicación de la Ley de Trato Justo a las Trabajadoras Embarazadas, una norma que busca asegurar condiciones adecuadas para las mujeres con necesidades relacionadas con el embarazo o el parto. Dispone que las empresas deben facilitar tiempos de descanso, permisos para visitar al médico o que puedan completar su jornada sentadas y no de pie, medidas obvias en cualquier país europeo pero en Estados Unidos no son tan habituales.
Andrea R. Lucas, la funcionaria del Gobierno de Trump en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la encargada de concretar el detalle de la reglamentación, lleva semanas frenando las conclusiones finales de la Comisión con el argumento de que contradicen el texto de la ley. El gobierno ha intentado además despedir a cinco de los comisionados, lo que equivale a una paralización de facto de la ley y la Comisión que, según un estudio de la Alianza Nacional de Mujeres y Familias, pondrá en peligro los derechos de cerca de tres millones de trabajadoras.
Fin a los fondos federales para financiar el acceso al aborto
Trump trató de esquivar la cuestión del aborto en la campaña con el argumento de que eran los estados los que debían decidir, pero en la Casa Blanca ha continuado con la ofensiva contra el acceso a la interrupción del embarazo que inició en su primer periodo y llevó a la sentencia del Supremo que puso fin a ese derecho a nivel federal.
En su primera semana en la Casa Blanca, Trump revocó numerosas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Joe Biden encaminadas a garantizar el acceso al aborto, como la que instruía al Departamento de Salud y Servicios Sociales a asegurar la atención de emergencia a las embarazadas y su acceso a medicación contraceptiva.
Trump también ordenó poner fin a la financiación federal de cualquier programa sospechoso de “promover el aborto”, lo que pone en peligro de quedarse sin fondos a todos los servicios de planificación familiar, especialmente necesarios para las embarazadas más jóvenes, las solteras y las de menos recursos.
Amenazas a la financiación de programas para las mujeres
El intento del Gobierno de paralizar todas las ayudas estatales llevaron la incertidumbre a muchos programas y servicios básicos para las mujeres, como los que reciben las víctimas de malos tratos. “Todas las organizaciones que trabajamos contra la violencia doméstica y recibimos financiación federal estamos ahora en alerta porque nuestros fondos están en peligro”, declaró Dawn Dalton, de la Coalición DC Contra la Violencia Doméstica.
Una orden judicial obligó días después a reabrir el grifo del dinero, pero con este presidente nadie puede asegurar cuánto tardará en ignorar un mandato judicial, como ha venido haciendo desde que regresó a la Casa Blanca.
Los Institutos Nacionales de Salud también han visto recortados sus fondos y su personal, lo que pone en riesgo los proyectos de investigación que desarrolla, algunos centrados en investigar los cánceres que más afectan a las mujeres, las complicaciones en el embarazo y patologías como la endometriosis.
Fin a los esfuerzos para proteger a las madres afroamericanas
Una de las primeras víctimas del machetazo de Trump a los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión han sido los esfuerzos por frenar las muertes de mujeres en el parto.
Estados Unidos tiene una tasa de mortalidad materna muy superior a la del resto de países desarrollados y la lacra golpea especialmente a la mujeres negras, que suelen tener seguros con peor cobertura o ningún seguro. Las afroamericanas tienen el triple de posibilidades de morir o sufrir complicaciones durante el parto y, según la Alianza Nacional de Mujeres y Familias, los recortes aprobados por Trump dificultarán que el gobierno federal pueda supervisar la labor de las clínicas.
Uno de los primeros programas afectados ha sido el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Riesgos en el Embarazo, con el que los Centros de Control de Enfermedades mantenían una base de datos sobre la experiencia del parto en todos los estados. La información que suministraban y las decisiones de salud pública que permitían tomar han quedado ahora pendiendo de un hilo.