La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una importante declaración: Israel parecía mostrarse a dispuesto a aceptar un alto el fuego por un periodo de 60 días. Con motivo de esta positiva predisposición, el máximo dirigente israelí se ha desplazado –este mismo lunes– a Washington.
En paralelo, las negociaciones en Qatar se han puesto ya en marcha. Siendo conscientes de que las conversaciones en Doha se verán fuertemente determinadas por los encuentros que ambos mandatarios mantengan en la capital estadounidense, parece que la intención es incluir en el plan de negociación los siguientes puntos: el cese de las actividades militares durante el lapso temporal mencionado, el canje de rehenes israelíes por presos palestinos, el desbloqueo de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y el acceso a materiales esenciales para reconstruir infraestructuras claves en la zona. Asimismo, otra condición importante que podría llegar a incluirse en esta nueva tregua es el traslado de las tropas israelíes –tanto del norte como del sur del mencionado enclave– a ubicaciones que deberán ser previamente determinadas.
Por supuesto, en última instancia, se contempla la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin, de una vez por todas, a las acciones bélicas orquestadas por Israel en Gaza; unas acciones que comenzaron hace ya 21 meses y que podrían ser calificadas –prima facie– de genocidas de acuerdo con lo que prescribe el Derecho Internacional.
Ante esta crítica situación humanitaria que enfrenta la población palestina como consecuencia de estrategias que –como apuntaba– encajarían bajo la definición que proporciona la Convención del año 1948 en torno al referido ilícito, es preciso incidir en la idea de que Israel ha empleado ilegítimamente la fuerza armada contra un puñado de países de la región: Irán, Líbano, Yemen y Siria. Esta conducta conlleva la violación de uno de los principios fundamentales del sistema de seguridad colectiva consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, adoptada hace 79 años con el propósito –inter alia– de impedir el empleo unilateral de la fuerza por los Estados. Hoy, Israel no sólo incumple con sus compromisos jurídicos, sino que además menosprecia de manera evidente el orden legal que voluntariamente aceptó.
Sea como fuere, en Doha, sede de las conversaciones de paz en los últimos tiempos, parece haberse abierto la posibilidad de que la suspensión temporal de las hostilidades derive en el final del conflicto armado en Gaza. Ante esta oportunidad, la comunidad internacional contiene el aliento y observa con atención los progresos que puedan tener lugar en Qatar. Las conversaciones en Washington cobran aún mayor relevancia y, por supuesto, se encuentran bajo estrecho escrutinio. La complejidad del conflicto y los intereses en juego hacen que cualquier progreso se evalúe con la mayor cautela.
Si finalmente prosperase la opción más ambiciosa, hay que remarcar que el Derecho Internacional impone límites. Así pues, en el caso de que las partes estén dispuestas a llegar a un acuerdo de máximos –es decir: a firmar un acuerdo de paz– éste no podrá estar basado en la amenaza ni en coacción alguna. Tampoco se podrán validar anexiones territoriales obtenidas por medio del uso de la fuerza. Y, por supuesto, deberá respetar principios fundamentales como la rendición de cuentas por crímenes graves, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario.
Es evidente que hay una gran expectación en estos momentos sobre el devenir de las conversaciones que, a diferente nivel, están teniendo lugar. En todo caso, no debemos olvidar que Israel rompió unilateralmente la tregua alcanzada a principios de este año, por lo que cualquier escenario sigue siendo posible. Lo que sí está claro es que todo avance –pequeño o grande– debe ir acompañado de las garantías internacionales necesarias para evitar que se repitan situaciones del pasado y consolidar una paz con bases sólidas.
