Estamos ante una nueva jornada reivindicativa en la que ponemos el acento en la erradicación de la violencia machista. Esa aspiración democrática no solo legítima, sino necesaria.
En este 25 de noviembre miramos al futuro con una luz de esperanza, porque contamos ya con un renovado y actualizado Pacto de Estado contra la violencia de género. En medio de tanta crispación y confrontación política, hemos conseguido encontrar un denominador común para acordar que sí, que las fuerzas políticas democráticas nos comprometemos con la prevención y abordaje de todo tipo de violencia hacia las mujeres, también aquellas que están irrumpiendo con fuerza en los últimos años: la violencia digital, la vicaria y la económica. Y contamos, además, con un gobierno comprometido con ese objetivo, que ha engrasado de inmediato la maquinaria para dar cumplimiento a las medidas, legislativas y de otra índole, que conforman el pacto. Así, se han transferido los fondos, incrementados en un 50% respecto al anterior Pacto, tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos. Y se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que pronto llegará al Congreso de los Diputados.
Pero no deberíamos pecar de ingenuidad. Si bien ha constituido un gran éxito parlamentario la aprobación del Pacto de Estado, sabemos que está flaqueando la voluntad política de la derecha para ejecutarlo allí donde gobierna. Esto ocurre en parte porque el principal partido de la oposición se está dejando arrastrar por la extrema derecha negacionista, que se quedó al margen del acuerdo histórico, y claudica ante sus exigencias de cierre de recursos y servicios y de merma de los presupuestos destinados a igualdad. No en vano, Vox reclama la derogación de todas las leyes contra la violencia de género, así como la eliminación del Ministerio de Igualdad y las consejerías dedicadas a estos menesteres.
Pero no es solo eso. En territorios como Madrid, donde gobierna el PP en solitario, la presidenta Díaz Ayuso saca su vena negacionista y lo hace de palabra y de hechos. De palabra porque apoya al alcalde de Alpedrete (Madrid), quien a su vez había salido en defensa cerrada del asesino que en esa población había asestado a su mujer una cincuentena de puñaladas, mortales de necesidad. Y de hecho porque Ayuso no cesa en su ansia de recortar presupuestos para cuestiones como la coeducación -ha liquidado las casi cinco mil acciones que había hace tres años- y no aprovecha el dinero del Pacto, que en el caso de las comunidades autónomas se ha incrementado en un 60%.
Otra demostración de esa deriva del PP que le aleja de la buena senda del Pacto es el hecho de que, por primera vez en toda la historia democrática, se ha negado a firmar el manifiesto que vincula a 7.000 municipios de toda España y que publica la Federación Española de Municipios (FEMP) Lo más curioso es que, antes de abrirse las negociaciones de Valencia con la ultraderecha, se había comprometido a firmarlo.
El movimiento se demuestra andando y jugar con estas cuestiones, que afectan a la seguridad y a la vida de las mujeres, es demasiado peligroso. El PP tiene la obligación de cumplir el acuerdo de Estado que firmó.