Telefónica, participada en un 10% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), elevó ayer el número de trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En conjunto, la compañía cifra en 6.088 personas afectadas por el ERE en las siete filiales implicadas. Esta cifra equivale al 35,3% de la plantilla total en dichas filiales. Así, se desprende de la constitución de las mesas de negociación con los sindicatos, aunque lo previsible es una reducción de los afectados vía negociación.
El alcance del ERE ha provocado un punto de fricción entre los socios del Gobierno de coalición. Desde Sumar, Yolanda Díaz rechazó ayer que una empresa participada por el Estado decida despedir a miles de personas. “Es indecente”, como así lo trasladó su Departamento por carta a la SEPI, entidad presidida por Belén Gualda. Cabe recordar que este recorte de plantilla era algo previsto tras la presentación del Plan Estratégico de Telefónica hasta 2030.
Un proyecto que incluye una reducción de costes de los gastos operativos -que incluye la mano de obra- próxima a los 1.510 millones hasta 2028. Este fue aprobado por unanimidad en su consejo de administración y que, tal y como reconoció Marc Murtra en rueda de prensa, cuenta con el apoyo de todos sus accionistas de referencia, incluida la SEPI.
“El dinero público no está para despedir”
“El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de un expediente de regulación de empleo (…) con mayor motivo porque esa empresa tiene beneficios y está participada con los recursos públicos de los españoles y las españolas y se está decidiendo que 5.000 trabajadores y trabajadoras se vayan a la calle, por tanto, mi posición es conocida. Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI y no me parece correcto”, subrayó Díaz al ser preguntada tras el Consejo de Ministros.
Más allá de trasladar su malestar a la SEPI, la realidad es que Trabajo poco puede hacer frente al ERE de Telefónica siempre que cumpla la legislación. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe supervisar que se ajusta a la norma, además de emitir un informe consultivo. Fuentes sindicales recuerdan que tras el cambio normativo de 2019 son las empresas quienes asumen el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta medida afecta a aquellos empleados mayores de 55 años hasta su edad de jubilación. “No obstante, indirectamente sí impacta en la Tesorería porque aunque cotizan se hace por un importe inferior a su salario actual”, puntualizan.
Posición del ala socialista
Fuentes del PSOE en el Gobierno, al tanto de la misiva que Díaz envió a la presidenta de la SEPI, reconocieron que su participación (10%) no les da capacidad de maniobra en la compañía, informa Alejandro de Miguel. En este sentido, trasladaron una posición de supervisión y diálogo con los sindicatos.
Y así la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, respondió a Díaz y salió en defensa de la SEPI, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. “Telefónica es una empresa privada que está participada en un 10% por la SEPI, lo que significa que su capital es mayoritariamente privado. No es una empresa pública”, puntualizó. Recordó que el Gobierno siempre intenta minimizar los despidos en todos los entornos que son de su competencia y también en el resto. “Pero dejemos trabajar a los sindicatos: están ahora mismo en el diálogo y, por tanto, buscando el mejor acuerdo posible”, apuntó.
Por su parte, fuentes oficiales de la SEPI señalaron a Europa Press que la “exigencia” del brazo inversor del Estado está en línea con la posición mayoritaria del Gobierno, es decir, que “haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo”. “Tal y como ha manifestado el Gobierno, la SEPI mantiene en Telefónica la exigencia de que haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo. Las medidas con impacto en la plantilla deben ser fruto de negociación y acuerdo con la parte social. La SEPI está segura de que la empresa y los sindicatos llegarán a un acuerdo”, subrayaron las fuentes consultadas.
Antecedes
El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones), tras el acuerdo con los sindicatos en enero de 2024. Entonces, el coste del despido colectivo se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía. Los trabajadores afectados percibieron una media de unos 380.000 euros, una cifra inferior a la de los planes de salida en años anteriores.
En la propuesta inicial de la compañía, la distribución de afectados por el ERE se divide en: 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 297 en Movistar+ (34,53% sobre una plantilla total de 860); 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638), 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla total de 993) y 378 en Telefónica S.A (un 32,58% sobre una plantilla total de 1.160).
Caída bursátil, tras el Plan Estratégico
El Plan estratégico de Telefónica de momento no ha convencido al mercado. Tras su presentación y después de anunciar un recorte a la mitad del dividendo -que quedará en 0,15 euros- en 2026, se desplomó más de un 13,13% en Bolsa. Y aunque en las tres últimas semanas ha experimentado vaivenes, la compañía pierde un 7% en Bolsa en lo que va de año. Ayer, cerró en 3,722 euros por acción.
El mantra de Murtra durante la presentación del Plan Estratégico fue su determinación a tomar decisiones difíciles pero necesarias. Antepuso esta visión frente a etapas anteriores cuando la compañía tuvo “aversión a tomar decisiones difíciles”. El ERE en una empresa participada por el Estado es una muestra de ello.