Ningún tesoro es tan preciado para el PSOE como su base electoral de mujeres y ninguna alerta es tan preocupante como las fugas de votos en este sentido. Así que, consciente del cabreo de muchas electoras con el PSOE, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado la caída del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para llevar a cabo un relevo en clave feminista y tratar de reconciliarse con las mujeres decepcionadas con los socialistas, particularmente desde que trascendió que José Luis Ábalos frecuentaba prostitutas.
Ante el vacío que generaba la inhabilitación del condenado García Ortiz, Sánchez ha optado por Teresa Peramato, una fiscal con indudable pedigrí feminista, acreditado después de 20 años de especialización en la lucha contra la violencia de género. La maniobra del Gobierno no solo es un reconocimiento a una fiscal de brillante trayectoria, sino también un gesto dirigido a las mujeres indignadas con los comportamientos de destacadas figuras del PSOE.
La tesis que domina en Ferraz (sede del PSOE) es que el comportamiento de Ábalos con las mujeres o el de un importante fontanero de Moncloa, Paco Salazar —apartado tras recibir acusaciones de acoso— dañan bastante más las expectativas electorales de los socialistas que no haber pactado la ley de Amnistía con Carles Puigdemont e incluso que el escándalo de corrupción que gravita en torno a Santos Cerdán.
Mujeres al rescate
Sánchez ya recurrió a varias mujeres para renovar las estructuras del PSOE en el comité federal que el partido celebró en julio, poco después de que Cerdán fuera encarcelado. Rebeca Torró se convirtió en la nueva secretaria de Organización y y Montse Mínguez en la nueva portavoz del PSOE. En ese mismo comité se anunció una modificación del código ético del PSOE para incluir como causa de expulsión del partido el pago de prostitutas.
Blindaje del aborto
Y más aún. El Gobierno también se puso en marcha para blindar el derecho al aborto en la Constitución, entre otras cosas con el propósito de alinearse con las mujeres y de ahondar en la división que genera este debate en el PP. El Gobierno debe recibir un informe del Consejo de Estado al respecto que no es vinculante pero sí preceptivo, antes de llevar la reforma al Congreso (previsiblemente en enero).
Con todas estas medidas, el PSOE trata de recuperar a las electoras que le permitieron mantenerse a flote tras las elecciones de 2023, puesto que fueron ellas quienes entregaron los votos suficientes a Sánchez para que pudiera articular la quebradiza mayoría de investidura.
Las acciones llevadas a cabo por el Gobierno han surgido efecto, según datos recientes del CIS (solo según el CIS). El 28,3% del total de las mujeres votaría ahora al PSOE (+16,2% respecto al PP). Y las distancias son más contundentes en las franjas de mayor edad: un 42,2% de los encuestados de entre 65 y 74 años respaldaría a los socialistas (+31,6% respecto al PP) y un 39,5% de los mayores de 75 años también confiaría en los socialistas (+26,4% respecto al PP).
Y todo ello a pesar de los escándalos citados y de otros como el descontrol que ha habido con las pulseras telemáticas diseñadas para impedir las aproximaciones de maltratadores a víctimas de violencia de género y violencia sexual. Este asunto castigó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante la opinión pública, pero Sánchez la mantiene mientras medita su siguiente jugada política.
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