Cada vez que se habla acerca de la palabra ‘mentira’ en la política española nos invade la incredulidad, puesto que según algunos la mentira no existe y solo obedece a un cambio de opinión, y para el resto del universo, las mentiras, mentiras son.
Cuando un político acude a una comisión de investigación en nuestras cortes, ha de decir la verdad en la máxima expresión de su significado, aunque también existe la posibilidad de recurrir a la utilización del silencio como respuesta, puesto que el optar por la mentira podría ser constitutivo de delito.
En la historia de la democracia reciente hemos vivido un sinfín de comisiones de investigación de diferente índole – algunas más útiles que otras –, siendo las más conocidas la de “financiación irregular del Partido Popular”, o la actual del “caso Koldo”.
Pero ¿en qué consiste una comisión de investigación en nuestras cortes?
Las comisiones de investigación poseen carácter temporal y son de índole indagatoria. Permiten al poder legislativo el poder recabar más información acerca de temas de notable relevancia y establecer conclusiones a modo de dictámenes. Estas conclusiones pueden ser llevadas ante el poder judicial si se estiman oportunas, aunque no se trate de su principal función.
Decir la verdad en este foro es obligatorio y deseable, aunque cuando se trata de la verdad últimamente, esta sea relativa.
Ayer amanecíamos con más datos e información recabados por la UCO. En los nuevos informes conocidos aparece un nuevo protagonista que sonaba desde hacía algún, el ministro canario Ángel Víctor Torres. En los audios publicados se aprecia la cercana relación entre el ministro y el que da nombre a la trama, el señor Koldo.
Se ha pasado de las versiones en las que casi no se conocían, a tener conversaciones cercanas en las que se insinúa incluso la voluntad y posibilidad de desautorizar a una funcionaria canaria, que no estaba de acuerdo con ciertos pagos durante la época de pandemia.
El ministro compareció en diversas comisiones de investigación, una de ellas en el Parlamento de Canarias y otra en el Senado. Tras el informe publicado de la UCO, parece que se detectan diversas faltas a la verdad en ambas comparecencias; por lo que ahora solo hemos de esperar para ver si la oposición decide tomar acciones legales al respecto de estas como ya han anunciado públicamente.
Lo curioso de esta situación es la interpretación sobre lo publicado. Para el ministro Torres este informe corrobora que no existe delito alguno, para otros públicos, este informe determina que la relación existía y que sí se aprecian indicios de delito.
La realidad es que la trama se amplía por minutos y vuelven a sonar con fuerza nombres como el de Francina Armengol.
Aún no podemos determinar cuál será y hasta dónde llegará la onda expansiva del caso Koldo, tampoco si nuevos integrantes políticos se sumarán a los ramales de la trama y sobre si veremos en ellos al presidente del Gobierno de España.
¿Existe o no existe la responsabilidad civil y política ante estos casos de presunta corrupción? ¿Existe o no existe la mentira parlamentaria? Ese es el dilema.