Nuestro salario medio ocupa el puesto número 15 de los 20 de la Unión Europea. Sólo en Chipre, Lituania, Malta, Portugal y Chequia cobran menos que nosotros. Nos lo merecemos, porque hace 30 años que nuestra productividad está estancada. Ganamos menos que los catorce países europeos mejor pagados, porque generamos menos valor que ellos aun trabajando las mismas horas o más. Y la causa última es que, aunque tenemos más titulaciones que los países mejor pagados, no tenemos mejor formación.
1. Más empleo, pero de peor calidad. Pese a la mejora estadística aparente en el mercado laboral durante los últimos cinco años -este trimestre se ha frenado- con la paulatina reducción de la tasa de paro en 4 puntos, y el aumento 2,6 millones de puestos de trabajo, no hemos avanzado en la resolución del mayor problema estructural del mercado laboral español: la productividad. Sólo si logramos aumentarla, podrían incrementarse también nuestros salarios de forma sostenible. Y solo hay un modo: mejorar nuestro sistema educativo para formarnos en la innovación tecnológica que, además de más productivos, nos haría más competitivos.
2. Empresarios adictos al salario mínimo. Mientras tanto, la mayoría de los nuevos empleos siguen estando relacionados con sectores que generan poco valor añadido como el turismo o la agricultura y en ellos impera la adicción empresarial a los salarios bajos, que desincentiva el aumento de la productividad que necesitamos. Lo cierto es que los incrementos del salario mínimo, pese a la oposición empresarial, no han menguado el empleo y sí pueden, en la línea de países que los tienen proporcionalmente más elevados como el Reino Unido o Alemania, frenar la inmigración de la mano de obra poco cualificada que empeora el problema de la vivienda y precariza nuestro sistema de pensiones. Aún queda cierto margen para seguir aumentando nuestro salario mínimo e incrementarlo contribuiría a evitar que lleguen más inmigrantes con menor formación y la indeseable fuga de talento al extranjero de los jóvenes españoles mejor formados.
3. No seremos más productivos trabajando menos. En cambio, reducir la jornada laboral, como pretende el ministerio de Trabajo, sin aumentar la productividad empeora ese déficit estructural a corto plazo. Solo mejorar nuestro sistema educativo aumentaría nuestra productividad y competitividad a largo plazo. Veamos cómo:
4. Titulitis a la española. Somos el país de la UE con mayor porcentaje de empleados sobrecualificados. Nunca tantos jóvenes españoles han tenido tantos títulos superiores; pero esas titulaciones que proliferan cada vez más acreditan cada vez menos los conocimientos de quienes los han obtenido.
5. No hay igualdad de oportunidades sin igualdad de exigencia. La educación obligatoria debe ser más exigente si queremos que también sea más equitativa y permita a medio plazo acceder a mejores trabajos y salarios para todos. Una educación de baja exigencia favorece a los hijos de familias con más recursos, porque los conocimientos que no consiguen en la escuela y en la universidad los obtienen pagando fuera de ella. Para las familias con menos recursos, en cambio, la única escalera social es la educación. Una educación más centrada en el esfuerzo y los resultados dará lugar a medio plazo a trabajadores mejor formados y capacitados que accederán a mejores salarios en puestos de trabajo más cualificados. Sin embargo, hoy el mayor porcentaje de las nuevas contrataciones son de sectores relacionados con la hostelería y el turismo, de escasa cualificación, bajo valor añadido y poca productividad.
6. La discriminación positiva es negativa para todos. No hemos ganado en calidad de empleo ni en la educación superior estos años; pero sí en buenismo “woke”. Porque la discriminación positiva, al establecer cupos y cuotas para mujeres u otros colectivos presuntamente marginados, en realidad discrimina a los más competentes y resta talento y competitividad al sistema. La solución pasa por integrar a los más desfavorecidos, dándoles la posibilidad de superarse, creando nuevas oportunidades sin distinción de género, procedencia o condición social.
7. Fracaso colectivo en las pruebas PISA que demuestra que no necesitamos más títulos, sino más exigencia y formación también para los formadores, maestros de escuela y profesores a todos los niveles. Formar a los futuros trabajadores, empresarios, funcionarios, profesionales y emprendedores es fortalecer el pilar fundamental de nuestro mercado laboral. Y solo la exigencia hará posible que recuperen el prestigio social del que gozarían si se les exigiera más.
Quedan pendientes otras reformas urgentes para adaptarnos a las nuevas realidades, empezando por nuestro envejecimiento como sociedad.
8. La jubilación debe ser un derecho; no una obligación. Sólo si cada vez más españoles prefieren compatibilizar su pensión con diversos grados de dedicación laboral, podremos afrontar el desafío de nuestra demografía menguante. Si no trabajamos todos más durante más años quienes quieran hacerlo, el sistema de pensiones seguirá siendo insostenible…O aún más dependiente de la inmigración, que es una solución parcial y a corto plazo que engrosará el problema de la sostenibilidad de las pensiones y nuestro estado de bienestar a medio plazo. Debemos formarnos más y mejor a todas las edades -también a los inmigrantes- para innovar, competir y crear empleos más productivos en los que trabajaremos más durante más años.