Consuelo Madrigal, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, ha protagonizado este lunes el foro Pioneras14 que organiza periódicamente Artículo14, y ha entrado de lleno en la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que, ha subrayado, “no puede venir a España sin ser detenido y puesto a disposición de la justicia para que se le aplique, en su caso, la ley de amnistía”.
“Ahora mismo tiene unas órdenes de detención y no puede venir a España sin ser detenido y puesto a disposición del Tribunal cuya acción ha eludido”, ha comentado Madrigal durante una parte del coloquio conducido por la directora y el adjunto a la directora de Artículo14, Pilar Gómez y Pablo Montesinos.
Ha añadido que con independencia de lo que ocurra con la ley de amnistía, “siempre habrá de pasar por la sumisión al Tribunal para que se le aplique“. En este punto, ha expresado su plena confianza en la acción del Tribunal Constitucional (TC). “Creo que debe hacer su función y que la hará. Quiero creer que la hará”. Para cerrar este capítulo también ha mostrado su deseo respecto a que la decisión del TC sobre la ley de amnistía sea “lo más unánime posible”.
La situación de García Ortiz
Madrigal también ha valorado todos los asuntos que envuelven la actualidad de la Fiscalía y, en concreto, los que atañen a la situación del Fiscal General del Estado —cargo que Madrigal ocupó entre 2015 y 2016 siendo la primera mujer en hacerlo—, Álvaro García Ortiz, ha centradoEl Supremo, cabe recordar, abrió una investigación contra García Ortiz por presunto delito de revelación de secretos en el caso de fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Madrigal, fiel a su estilo, habló con claridad.
“Ya opiné al respecto cuando convocó la Junta de Fiscales de sala para informar de su decisión de permanecer en el cargo después de que el Supremo iniciara su investigación. Una parte de los fiscales de sala (13/38) ya manifestamos que debía dimitir. Más recientemente y al pairo de las vicisitudes procesales de esa investigación, pues firmé un escrito dirigido al propio FGE pidiendo su dimisión. No es correcta su afirmación pública de que hace más fuerte la institución, por el contrario la debilita enormemente y la somete a deslegitimación ante la ciudadanía respecto a la imparcialidad de la institución”, dijo la fiscal.
García Ortiz está determinado a seguir en su cargo, a pesar de que Consuelo Madrigal deslizó que “hay decisiones judiciales que conllevan suspensión de funciones”. Se refirió así a que el Tribunal Supremo podría intervenir para forzar su suspensión, “pero eso es un futurible que ya adoptará el órgano judicial correspondiente”. En todo caso, preguntada por la relación personal que mantiene con García Ortiz, la fiscal de Sala dijo que “es una persona afable y cordial, y la relación personal queda salvaguardada”.
La independencia de la Fiscalía
Madrigal también fue cuestionada por la (in)suficiente independencia de la FGE. Y en este punto comenzó diciendo que “para avanzar en la independencia de la Fiscalía lo primero que hay que hacer es querer“. Y siguió: “Debe hacerse realidad lo que ya dice el estatuto, que impide al Gobierno dirigir órdenes al Fiscal General del Estado. No están reguladas las relaciones del FGE con el Gobierno, ni con el Ministerio de Justicia. Habría que regularlas más, prohibirlas más porque la vinculación con las fuentes de soberanía ya está garantizada a través de la atribución al Gobierno de la designación del FGE. A partir de ese momento el Gobierno y el FGE deben mantenerse alejados salvo para aquellas cosas que sean imprescindibles y estas cosas imprescindibles deberían estar reguladas para rendir cuentas de forma transparente”.
Respecto a lo ocurrido entre 2020 y 2022, cuando la exministra Dolores Delgado ocupó el cargo de Fiscal General del Estado, se mostró crítica: “Creo que no dice mucho de la imagen de imparcialidad y la apariencia forma parte de la imparcialidad“.
Todo ello al hilo de si España atraviesa en este momento un “momento crítico” para la separación de poderes. Madrigal opinó que, en efecto, así y no solo por las críticas que se han escuchado de forma pública de parte del poder ejecutivo al poder judicial. “Es real y es inquietante, y no solo por razón de esas críticas. En todo caso, las resoluciones judiciales se combaten por la vía jurídica y con prudencia por parte de cargos públicas”, consideró.
Contra el uso de la ‘lawfare’
Sobre este mismo punto y preguntada respecto al recurrente comentario político de que en España existe “lawfare” (guerra jurídica, instrumentalización de la justicia), expresó su desacuerdo. “Me parece que es una estrategia defensiva mala, equivocada, para enturbiar el debate público sobre asuntos que están encomendados al poder judicial. Es una alegación políticamente populista —y mencionó a los Kirchner—”, dijo. Y aprovechó para recordar que, recientemente, el comisario europeo de Libertades, Michael McGrath, fue contundente al rechazar las campañas de desprestigio contra jueces y magistrados. Su advertencia se produjo después de las declaraciones del Gobierno en las que acusaba al poder judicial de actuar en connivencia con la oposición para acosar al Ejecutivo.