El Tribunal Supremo abre este lunes un proceso sin precedentes en la historia democrática de España. Por primera vez, un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo de los acusados. Lo hace bajo la sospecha de haber cometido un presunto delito de revelación de secretos en el conocido como caso González Amador. Un procedimiento que ha tensionado las costuras institucionales del país y que pone a prueba los límites entre el poder judicial, el político y el mediático.
Lo que comenzó como una filtración periodística se ha transformado en un terremoto judicial que amenaza con alterar el equilibrio del Ministerio Fiscal y cuestionar la independencia del propio Estado. A continuación, repasamos la cronología del caso y te resumimos las claves del juicio contra Álvaro García Ortiz.
¿Qué se juzga?
El Tribunal Supremo juzga si Álvaro García Ortiz, en su condición de fiscal general del Estado, incurrió en un delito de revelación de secretos (artículo 417.2 del Código Penal) al difundir, presuntamente, un correo electrónico confidencial remitido por el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En ese correo, el letrado reconocía la comisión de dos delitos fiscales y proponía un acuerdo de conformidad para evitar la prisión.
La investigación sostiene que García Ortiz habría permitido —o facilitado directamente— la filtración del contenido del correo a un medio de comunicación con la intención de “ganar el relato” frente a la presión mediática y política. El instructor del caso, el magistrado Ángel Luis Hurtado, considera acreditado que el fiscal general recibió el correo, borró mensajes de su móvil y participó en la difusión de la información. En su auto de procesamiento, incluso apunta que habría actuado siguiendo indicaciones de Presidencia del Gobierno, una afirmación que ha amplificado el ruido político en torno al proceso.
La acusación reclama para García Ortiz hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, mientras que su defensa —y la propia Fiscalía— sostienen que no existió delito alguno y que la información divulgada ya era de conocimiento público. En el fondo, lo que se juzga es si el máximo representante del Ministerio Fiscal vulneró su deber de confidencialidad y violó el derecho de defensa del empresario afectado.
¿Cómo se va a desarrollar la vista?
El juicio a Álvaro García Ortiz se celebra ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, entre los días 3 y 13 de noviembre de 2025, con sesiones de mañana y tarde. Se prevé la declaración de cerca de cuarenta testigos, entre fiscales, periodistas, guardias civiles, abogados y responsables políticos.
El procedimiento comenzará con la exposición de las cuestiones previas, seguida de las declaraciones testificales. En el primer día, no intervendrá el acusado. Será una jornada centrada en la presentación de los primeros testimonios técnicos: miembros de la Fiscalía de Madrid, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que participaron en la investigación y algunos periodistas que habrían tenido acceso al correo filtrado.
Según la programación del Supremo, las declaraciones de Alberto González Amador y de su abogado están previstas para el martes 4, mientras que el propio Álvaro García Ortiz declarará al final del juicio, tal y como él solicitó. El proceso concluirá con los informes finales de la acusación y la defensa antes de quedar visto para sentencia.
La Sala rechazó suspenderle de sus funciones mientras se celebra el juicio. Aunque le impuso una fianza de 150.000 euros por posibles responsabilidades pecuniarias. El fallo podría conocerse antes de Navidad.
Claves del caso del fiscal general
El caso de Álvaro García Ortiz no es solo un procedimiento judicial: es también un examen al funcionamiento institucional de España. Estas son sus principales claves:
- La excepcionalidad del proceso. Nunca antes un fiscal general había sido juzgado en democracia por un delito relacionado con el ejercicio de su cargo. El hecho de que el máximo representante del Ministerio Fiscal comparezca ante el Supremo sitúa al país ante una circunstancia inédita, con profundas implicaciones para la imagen de la Justicia.
- Transparencia frente a secreto profesional. La línea divisoria del caso es delicada. ¿Divulgar información de interés público puede justificar la revelación de un documento confidencial? Para la acusación, García Ortiz vulneró el derecho de defensa del empresario y el principio de confidencialidad que rige el trabajo fiscal. Para su defensa, la nota de prensa y las filtraciones respondieron a una estrategia de comunicación legítima ante informaciones ya publicadas.
- El vínculo político. El auto judicial que apunta a una posible conexión con Presidencia del Gobierno ha dado al proceso un componente político de enorme calado. La oposición ha exigido explicaciones, mientras que el Ejecutivo mantiene su apoyo al fiscal general y defiende que el juicio no debe interferir en la estabilidad institucional.
- Las pruebas técnicas. Entre las pruebas clave figuran los mensajes borrados del móvil de García Ortiz, las comunicaciones internas de la Fiscalía entre la noche del 13 y la mañana del 14 de marzo de 2024, y la cronología exacta de la difusión del correo en los medios. El magistrado Hurtado considera que esa “dinámica frenética” de mensajes y llamadas evidencia un intento de controlar la narrativa pública.
- El impacto institucional. La causa ha generado un profundo malestar dentro del propio Ministerio Fiscal. Las asociaciones profesionales se dividen entre quienes piden prudencia y quienes temen que el proceso deteriore irremediablemente la confianza en la institución. La imagen de la Fiscalía, de por sí erosionada, se enfrenta a una crisis de credibilidad sin precedentes.
Cronología del caso de Álvaro García Ortiz
El recorrido judicial de Álvaro García Ortiz y su llegada al banquillo del Supremo no se explican sin trazar una cronología precisa de los hechos.
- 2 de febrero de 2024. El abogado de Alberto González Amador envía un correo electrónico a la Fiscalía de Madrid. En él reconoce que su cliente ha cometido dos delitos fiscales y propone un pacto de conformidad. El mensaje, protegido por el deber de secreto, se convierte en la semilla de todo el escándalo.
- 13 de marzo de 2024. El contenido de ese correo se filtra a los medios de comunicación. Algunos informativos publican detalles que solo podían provenir de fuentes internas de la Fiscalía. La acusación sostiene que la filtración partió del entorno del fiscal general.
- 14 de marzo de 2024. Horas después de la filtración, la Fiscalía emite una nota de prensa oficial en la que intenta ofrecer su versión de los hechos. Según el auto de instrucción, entre la noche del 13 y la mañana del 14 se produce una “actividad frenética” de comunicaciones internas para coordinar la respuesta pública.
- 16 de octubre de 2024. El Tribunal Supremo acuerda abrir formalmente la causa contra Álvaro García Ortiz, al apreciar indicios de un presunto delito de revelación de secretos. La decisión provoca un terremoto institucional y político.
- 30 de octubre de 2024. La Guardia Civil registra dependencias de la Fiscalía y del despacho del fiscal general para recabar dispositivos y correos. El análisis del teléfono móvil de García Ortiz revela un borrado masivo de mensajes, interpretado por el instructor como una maniobra de ocultación.
- 7 de junio de 2025. La defensa solicita el archivo de la causa, argumentando que la información filtrada ya era pública y que no hubo intencionalidad ilícita.
- 9 de junio de 2025. El juez Ángel Luis Hurtado dicta el auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz. En el documento, subraya que el fiscal general pudo actuar siguiendo “indicaciones de Presidencia del Gobierno” y fija el delito de revelación de secretos como el núcleo de la acusación.
- 3-13 de noviembre de 2025. El Tribunal Supremo programa el juicio oral, con 40 testigos llamados a declarar. Se espera que la sentencia se conozca antes de que acabe el año.
El trasfondo político y mediático
El juicio a Álvaro García Ortiz no puede entenderse sin el ruido mediático que lo acompaña. Desde que se filtró el correo del abogado de González Amador, el caso ha sido utilizado como arma arrojadiza en el debate público. Las portadas y tertulias se han llenado de interpretaciones que mezclan la legalidad con la política. Y la información con el espectáculo.
El fiscal general sostiene que actuó con “lealtad institucional y transparencia informativa”. Sus detractores lo acusan de instrumentalizar la Fiscalía para defender al Gobierno en un momento de máxima tensión entre Moncloa y la Comunidad de Madrid. El resultado es un conflicto en el que los límites entre la verdad judicial y la guerra política se difuminan cada día más.
En paralelo, el proceso abre un debate de fondo. ¿Debe reformarse la elección del fiscal general para garantizar su independencia del Ejecutivo? La polémica ha reavivado propuestas que abogan por un sistema más autónomo, similar al del Consejo General del Poder Judicial.