Segunda noche de Santos Cerdán en prisión provisional. Y se espera que las siguientes también las pasará entre rejas. Fuentes de Anticorrupción explican a Artículo14 que su investigación está en fase “embrionaria” y que el riesgo de destrucción o alteración de pruebas está vigente porque sospechan que solo estamos viendo “la punta del iceberg” de todo el entramado corrupto, que adjudicaba obra pública amañada.
El objetivo de esta medida cautelar es evitar que el ex secretario de Organización del PSOE intente hacer fracasar la investigación influyendo en “las terceras personas” implicadas, aún desconocidas para el caso. Según las fuentes consultadas del caso, “no significa que vaya a estar dos años o hasta la apertura del juicio oral en prisión” sino que “por lo menos” el juez escuchará primero a los corruptores imputados ya citados y esperará a recibir los informes de la UCO ya encargados, que se prevén llegarán en septiembre. Uno de esos informes sería el de patrimonio de Santos Cerdán, capital en la causa.
Precisamente, el magistrado estaría detrás del dinero de esas presuntas mordidas, que estima en mucho más que los 620.000 euros que indicaba la UCO. De ahí la relevancia del informe de patrimonio que ha encargado a los agentes de la Guardia Civil. “En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones, dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros”, señaló el juez en su último auto.
Por el momento, Puente interrogará a los principales corruptores de la trama en los próximos días. El cuatro de julio recibirá en la sala de vistas a José Ruz, el dueño de Levantina Ingenieria, una empresa vinculada a la trama. Conoció a Koldo García en 2019 y siempre se mostró dispuesto a colaborar con él: “Pregunta a Javier por el expediente de Sevilla, por favor”, le pedía en 2021. Se refería a una adjudicación dada por la Dirección General de Carreteras valorada en 4.587.843 de euros que consiguió Levantina Ingenieria junto a Acciona. También logró adjudicarse licitaciones en Teruel, Santiago y Asturias millonarias.
A cambio, una de las comisiones reflejadas en el informe de la UCO fue meter en nómina a Koldo García durante más de seis meses por un valor de 2.600 euros.
Los hermanos Fernández Menéndez son los dueños de Obras públicas y Regadío (OPR), también adjudicataria de obra pública gracias a la intermediación de García. Los hermanos llegaron al ministerio porque eran familia de Fernando Merino de Acciona, la principal beneficiada de la trama. “Me gusta la fabada asturiana”, le dijo uno de los hermanos Fernández al asesor de Ábalos antes de obtener una licitación en Asturias de siete millones. Días después Javier Herrero, el director general de Carreteras, confirmaba el éxito de la operación. Además, bajo sospecha están adjudicaciones a OPR de más de 10 millones de euros públicos concedidas por Adif y por la Dirección General de Carreteras. Una de sus contraprestaciones fue encontrar trabajo a Patricia Uriz, ex mujer de Koldo García.
El siete de julio será el día grande en el Supremo porque el juez recibirá a Antxón Alonso, dueño de Servinabar la empresa vinculada con Acciona que consiguió gracias a la trama 86 millones de euros públicos en adjudicaciones.
El empresario mantiene una estrecha relación con Santos Cerdán desde hace años. En su domicilio se halló un contrato de compraventa del 45% de las acciones de Servinabar a Santos Cerdán. Pero, ante el juez Leopoldo Puente, el ex secretario de Organización dijo que finalmente rechazó la oferta porque decidió seguir en el mundo de la política. También relató que Alonso lo ayudó a estrechar lazos con el PNV durante las negociaciones de la moción de censura a Mariano Rajoy, pero se desentendió de los tejemanejes de la trama.