El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado este jueves recabar datos sobre la participación en el paro convocado por las asociaciones judiciales y fiscales los días 1, 2 y 3 de julio, al considerar que “carece de competencia” para ello y que el ejercicio del derecho de huelga “carece de soporte normativo”.
Según ha informado este jueves el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente ha adoptado esta decisión después de recibir dos oficios de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia solicitando una “lista completa” de los participantes en el paro.
El Pleno del CGPJ ya había acordado por unanimidad el pasado 26 de junio que no procedía “tener por anunciada la convocatoria de huelga” al carecer este derecho de regulación legal para jueces y magistrados, por lo que tampoco correspondía fijar servicios mínimos.
La Comisión Permanente reiteró que el Consejo “carece de competencia para recabar imperativamente datos de identidad” de quienes participen en una huelga que el Pleno tuvo por no anunciada, según el acuerdo adoptado hace una semana.
Datos del Ministerio
La Comisión constató que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha facilitado públicamente cifras de participación en el paro a partir de la información solicitada a los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
El órgano de gobierno judicial ha precisado que no ha recibido comunicaciones de los órganos de gobierno interno del Poder Judicial sobre incidencias que hayan requerido su intervención durante las tres jornadas de paro.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente presentaron el 18 de junio un escrito comunicando la convocatoria de huelga y solicitando la fijación de servicios mínimos.
El CGPJ recordó que ya sostuvo en febrero de 2009 y en acuerdos posteriores de 2012 y 2013 que el ejercicio del derecho de huelga por parte de jueces y magistrados carecía de soporte normativo en el ordenamiento jurídico español.
