Informe Greco

El Consejo de Europa elogia a la Guardia Civil mientras Marlaska hace purgas

El GRECO aplaude el Sistema de Integridad del Instituto Armado que permite evaluar actividades propensas a la corrupción y facilita las denuncias

El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa no ha dejado en buen lugar a España por no dar cumplimiento a sus 19 recomendaciones en materia anticorrupción, en particular por tres de ellas relacionadas con los aforamientos, con los asesores (por falta de transparencia en las normas por las que se rigen) y con la arbitrariedad que puede existir en asuntos disciplinarios en fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado. Sin embargo, el GRECO sí que ha reconocido significativos avances en la Guardia Civil en materia de prevención en la lucha contra la corrupción que contrastan con las purgas del Ministerio del Interior.

Artículo14 informó de que Interior está ordenando traslados de algunos cuadros de la UCO de la Guardia Civil a otros puestos de responsabilidad, lo cual ha levantado enormes suspicacias en esta unidad encargada de investigar escándalos de corrupción como el caso Koldo / caso Cerdán. Fuentes conocedoras de las maniobras aseguran que, de facto, podría tratarse de un “desmantelamiento” de sectores de la UCO (compuesta por más de 600 profesionales). “Puede que en unos meses ya no estén los que están llevando hoy las investigaciones“, avisan las citadas fuentes.

El GRECO observa que “la Guardia Civil ha integrado la prevención de la corrupción en su marco estratégico más amplio a través de la Estrategia Institucional 2030 y el Plan Estratégico 2021-2024”. Y añade con satisfacción: “La corrupción se reconoce explícitamente como una prioridad, alineándose con las estrategias de seguridad nacional y prevención del delito. Por lo tanto, en lo que respecta a la Guardia Civil, GRECO considera que esta recomendación está completamente implementada”.

Evaluaciones y denuncias

El informe del Consejo de Europa también aplaude “el trabajo sustantivo” de la Guardia Civil para poner en marcha un Sistema de Integridad y de un Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP). “Los mapas de evaluación de riesgos y las encuestas contribuirán a una evaluación estructurada de las vulnerabilidades a la corrupción. GRECO acoge positivamente las medidas adicionales de integridad que están siendo desarrolladas por la Guardia Civil, tales como iniciativas de formación estructurada, evaluaciones periódicas de riesgo y mecanismos de supervisión”, celebra.

Respecto al mencionado Sistema de Integridad de la Guardia Civil, GRECO también subraya la existencia de mecanismos internos de denuncia. “Inicialmente, este Comité procesaba informes a través del canal interno del Ministerio del Interior. Actualmente, el canal de denuncia de la Guardia Civil es accesible de manera telemática. GRECO acoge positivamente los esfuerzos realizados por la Guardia Civil para establecer su propio mecanismo interno de denuncia, incluyendo medidas de seguridad y confidencialidad mejoradas. Esto cumple con los requisitos de la recomendación”, reconoce.

Policía vs Guardia Civil

El informe del GRECO muestra un mayor reconocimiento a la tarea anticorrupción llevada a cabo por la Guardia Civil respecto a la Policía Nacional. “La Guardia Civil ha mostrado más progreso, particularmente a través del desarrollo del Sistema de Integridad y el Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP). Estas iniciativas introducen evaluaciones de riesgo y capacitación estructurada, con medidas de prevención de la corrupción integradas en estrategias más amplias”, concluye.

No obstante, emplaza al Instituto Armada a cristalizar un Protocolo de Buenas Prácticas. “Los mecanismos internos de denuncia y la protección de denunciantes han mejorado, pero el régimen disciplinario sigue siendo inadecuado. GRECO insta a una acción decisiva adicional para garantizar la plena implementación de medidas anticorrupción e integridad dentro de las agencias de aplicación de la ley”, dice este informe, cuyo centro de gravedad es emplazar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a una evaluación estratégica de riesgos de áreas y actividades propensas a la corrupción para identificar problemas y amenazas emergentes, y que los datos recopilados se utilicen para el diseño proactivo de una estrategia de integridad y anticorrupción. “Preferiblemente, se debería considerar una consulta conjunta entre ambas fuerzas (Policía y Guardia Civil)”, aconseja.