El juez del caso Koldo pide al Ministerio de Transportes información sobre el pago de más de 500.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos bajo denominación de Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. Los importes fueron abonados entre 2018 y 2019 y son de 156.440,29 (ejercicio 2018) y 351.992,72 euros (ejercicio 2019).
La entidad retenedora que figura en ambos casos es Caja Pagadora Central Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En el auto se indica “estos ingresos, sin embargo, conforme expresan los agentes actuantes, no habrían tenido reflejo identificable en ninguna de las cuentas bancarias de la entidad Caixabank”, cuentas que se conoce que corresponden a Ábalos y “cuya detallada información resultó judicialmente requerida, conforme al análisis de los movimientos efectuados en las mismas, lo que impide comprobar la trazabilidad de aquellos ingresos”.
Según el juez, la información remitida por la UCO no desvela esos pagos que si están revelados en la información remitida por la Agencia Tributaria.
El juez acuerda esta diligencia dentro de la investigación que dirige contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.
Por su lado, los agentes de la UCO indicaban que tras analizar la información tributaria de Ábalos remitida por la Agencia Tributaria (para realizar su informe sobre económico patrimonial del exministro) observaron que entre los pagos efectuados por el Ministerio se consignaban los importes antes mencionados, “apareciendo como entidad retenedora: caja pagadora central Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible“.
“Dichos ingresos, sin embargo, conforme expresan los agentes actuantes, no habrían tenido reflejo identificable en ninguna de las cuentas bancarias de la entidad Caixabank, reseñadas por la unidad actuante como correspondientes a don José Luis Ábalos Meco y cuya detallada información resultó judicialmente requerida, conforme al análisis de los movimientos efectuados en las mismas, lo que impide comprobar la trazabilidad de aquellos ingresos”, apunta el magistrado en su auto.
Por ello, ahora Puente se dirige directamente al Ministerio para que explique los pagos a los que los agentes de la Guardia Civil hacen referencia.