El Tribunal Supremo ha acordado abrir una causa al eurodiputado Luis Alvise Pérez por los mensajes dirigidos a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. El magistrado encargado de dirigir la instrucción será Juan Ramón Berdugo.
El tribunal basa su decisión en la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valencia, que incoó diligencias tras la denuncia interpuesta por la fiscal Susana Gisbert contra Alvise por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales. En su denuncia la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en su contra en un chat de Telegram y que habían favorecido que personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales en las que la denunciante está registrada.
La Sala acuerda abrir una investigación al eurodiputado al considerar que la actuación del denunciado puede responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso, “pues su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia, recogiendo en su segundo llamamiento incluso que era consciente de que ‘ahora las perseguidas son ellas’, muestra indiciariamente que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima, a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto”.
Otras dos causas
Cabe recordar que el Alto Tribunal ya abrió otras dos causas contra Alvise el pasado mes: una por presunta financiación ilegal y otra por difundir una PCR falsa del ahora presidente de Cataluña, Salvador Illa.
La Sala de lo Penal acordó abrir estas diligencias previas al apreciar indicios de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.