Una de cal y otra de arena para el juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso contra Begoña Gómez. Si la semana pasada la Audiencia Provincial de Madrid avaló la imputación por malversación contra Gómez, este lunes revoca la orden para hacerse con todos los correos intercambiados desde el año 2018 hasta la actualidad.
La instancia superior del juzgado de instrucción que dirige Peinado le afea de nuevo la falta de motivación. Es decir, que no justifica ni argumenta por qué son necesarios esos correos electrónicos para la causa. El juez utilizó el formato de la providencia en lugar del auto. Por ello, la sala concluye que fue “una medida carente de la justificación necesaria, incumpliendo los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”.
Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial creen que una medida de tal envergadura “implica una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios y sobre la intervención de los investigados, y sobre la necesidad de la medida”, que Peinado no realizó en la providencia en la que requería los correos.
Si bien, no descarta que la medida pueda ser mesurada, tampoco entra a valorarlo. De hecho, incide en que “la decisión al respecto corresponde exclusivamente al Juez de Instrucción, a quien compete la ponderación de los intereses en juego, mediante un juicio acerca de la proporcionalidad y necesidad de la medida”. Pero insiste que la resolución ha de estar motivada.
Presidencia del Gobierno entregó ya hace un mes un USB con todos esos correos y, de hecho, la UCO de la Guardia Civil trabajaba en un informe con ellos, que ahora queda sin efecto a la espera de si Peinado decide realizar la petición en otro formato diferente. Así lo aseguran las fuentes del caso consultadas por Artículo14.
El objetivo que perseguía el juez con esta diligencia es saber si Begoña Gómez se valía de su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, para gestionar sus asuntos privados como conseguir financiación de la empresa privada para una cátedra que codirigía.
El juez instructor persigue un delito de malversación por parte de ambas. Considera que Álvarez se extralimitó en el ejercicio de sus funciones como asesora y que mientras cobraba un sueldo público se dedicaba a menesteres que nada tenían que ver con su puesto.
La Audiencia avaló la malversación
Sospechas que también comparte la Audiencia Provincial, que avaló la imputación por malversación considerando que las funciones que hemos ido conociendo que ejecutaba “parecían más propias de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”.
El juez quiso saber más de las comunicaciones de Begoña Gómez a raíz de unos correos electrónicos aportados a la causa por los financiadores de la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense y por funcionarios de la universidad que gestionaban el curso.
El papel de Cristina Álvarez
En el informe de la UCO en el que salen reflejados esos correos se desprende que Cristina Álvarez era la encargada de la interlocución con las empresas privadas, que ponían dinero para financiar la Cátedra que codirigía Begoña Gómez. Lo hacía a veces a su nombre, pero desde la cuenta de correo electrónico personal de Gómez o, directamente, utilizaba su cuenta de Gmail para dirigirse a Doadrio o a los patrocinadores.
Álvarez se comunicaba en nombre de Begoña Gómez con gigantes como Google, Indra, Deloitte o KMPG. En todas las ocasiones su función era gestionar los posibles fondos que podrían prestar estas empresas y cómo adecuarlos con la normativa de la Complutense.
Pero también realizó otras gestiones como preguntar sobre el límite salarial que personas como Begoña Gómez podrían alcanzar de su actividad docente como personal externo a la Universidad. Además, gestionó eventos en el Caixa Forum relativos a la Cátedra, consultaba normativa vigente, preparaba cursos de verano o solicitaba asesoría jurídica a la Complutense.
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