La Fiscalía ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de investigar por un presunto delito de malversación de caudales públicos al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su posible papel en la contratación de la asesora de Moncloa que trabajaba haciendo “funciones privadas” para la esposa del presidente del Gobierno.
En el recurso el Ministerio Público se pronuncia así contra el auto de Peinado que el pasado martes admitió a trámite una querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín. Apuntaba el magistrado que el ahora delegado del Gobierno habría participado en julio de 2021 siendo secretario general de la Presidencia en la contratación de Cristina Álvarez.
El fiscal del caso explica que en esa querella de Vox solo se explicaba que Martín ostentaba en 2021 el cargo de secretario general de la Presidencia y que por tanto era responsable y superior jerárquico de Álvarez, y lamenta que con tan “escaso desarrollo” se le imputa “nada menos que por un presunto delito de malversación de caudales públicos, catalogado como delito grave y con notable penalidad”.
“Parece acudirse a una imputación cuasi automática u objetiva por razón del cargo”, lamenta, para luego explicar que en realidad el nombramiento de Álvarez como asesora tiene lugar en julio de 2018, tres años antes de que Martín Aguirre llegara a ese puesto.
“No puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los 3 años de antigüedad cuando Martín Aguirre es nombrado para el puesto en cuestión. Falla el relato de la querella y falla la sucinta fundamentación al basarse en presupuesto erróneos”, subraya.
E insiste en que “admitir esta querella por los motivos que lo hace y contra la persona señalada, resulta incomprensible” dado que “se sabe la fecha del nombramiento” de Álvarez gracias a varias de las testificales celebradas en el seno de la causa, entre ellas la del ministro Félix Bolaños.