El ultimátum de Puigdemont a Sánchez ha abierto un nuevo frente político que amenaza con desestabilizar la legislatura. Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, ha convocado para este domingo en Bruselas a la dirección permanente de su partido —el núcleo duro de la formación— con un objetivo claro: dar por agotado el pacto de investidura con el PSOE y exigir un cambio inmediato en la relación con el Gobierno.
Según fuentes del partido independentista consultadas por El Confidencial, el expresidente catalán estudia plantear un ultimátum público a Pedro Sánchez con un plazo de apenas una semana para responder a las principales demandas de Junts. Si no hay avances concretos, la ruptura con el Ejecutivo se dará por hecha.
Un ultimátum con fecha y consecuencias políticas
El ultimátum de Puigdemont a Sánchez no es un simple gesto simbólico. Junts prepara dos movimientos que podrían marcar un antes y un después en la estabilidad parlamentaria. El primero sería dar por terminadas las reuniones de la mesa de diálogo en Ginebra, tuteladas por un mediador internacional y en las que han participado figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, Jordi Turull o el propio Puigdemont.
La segunda medida sería más contundente: exigir públicamente a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas. Una forma de evidenciar —en palabras de dirigentes de Junts— “la debilidad política del Gobierno y el agotamiento de la legislatura”. Aunque se descarta por ahora apoyar una moción de censura junto al PP o Vox, el mensaje es claro: Junts quiere marcar distancias y dejar en evidencia el incumplimiento de los acuerdos firmados tras la investidura.
Las causas del ultimátum: promesas incumplidas y desencuentros europeos
El ultimátum de Puigdemont a Sánchez se gestó tras una acumulación de frustraciones dentro del partido. Junts considera que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos pactados, entre ellos el traspaso de competencias en materia de inmigración, la participación en la reforma de la financiación autonómica o el avance en la oficialidad del catalán en Europa.
Precisamente este último punto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Aunque el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la propuesta de oficialidad del catalán ante la Unión Europea, el rechazo de varios países —como Alemania, Finlandia o los bálticos— ha llevado al Ejecutivo español a posponer la iniciativa. Para Junts, esa decisión es una traición política y un signo de que el PSOE ha abandonado sus compromisos.
Durante el último encuentro en Ginebra, celebrado el 21 de octubre, Puigdemont ya trasladó su descontento a Zapatero, molesto por la negativa del PSC a apoyar en el Parlament una resolución que planteaba la celebración de un nuevo referéndum. Aquella votación fue el punto de inflexión que ahora desemboca en el ultimátum de Puigdemont a Sánchez.
Bruselas, el epicentro de la estrategia de Junts
La reunión del domingo en Bruselas será clave. Allí, Puigdemont y su círculo de confianza —entre ellos Jordi Turull, Josep Rull, Josep Rius y Míriam Nogueras— debatirán cómo escenificar el divorcio político con el PSOE sin poner en riesgo su posición ante el electorado independentista.
El ultimátum de Puigdemont a Sánchez busca también reforzar su liderazgo interno y marcar diferencias con ERC, que sigue participando en la negociación con el Gobierno en materia de financiación autonómica. Fuentes del entorno de Junts recogidas por EC aseguran que “no hay discrepancias” dentro del partido respecto al planteamiento de Puigdemont y Turull. La idea dominante es que el pacto con el PSOE, conocido como el Acuerdo de Bruselas, “ya no da más de sí”.
El precio político de la ruptura
Aunque Junts no tiene capacidad para derribar al Gobierno en solitario, el ultimátum de Puigdemont a Sánchez podría vaciar la legislatura de contenido. Sin sus votos, leyes clave como los Presupuestos Generales del Estado, la reforma de la Ley de Vivienda o la llamada ‘Ley Bolaños’ quedarían en el aire.
En la práctica, Pedro Sánchez podría seguir en La Moncloa, pero con un margen de maniobra muy limitado. El bloqueo legislativo se convertiría en una herramienta de presión para obligar al Ejecutivo a ceder en los temas que más preocupan a Junts, al tiempo que reforzaría la narrativa de Puigdemont ante su electorado: la de un líder que no se pliega al “sanchismo”.
Los analistas coinciden en que el ultimátum de Puigdemont a Sánchez es una maniobra calculada. Busca debilitar al Gobierno sin precipitar una crisis total que pudiera favorecer al bloque de derechas. Junts quiere mantener su influencia en el Congreso y conservar su papel de actor decisivo. Pero al mismo tiempo necesita mostrar firmeza ante su base electoral, que percibe que los acuerdos con el PSOE no han dado frutos tangibles.
En este contexto, la estrategia de Puigdemont pasa por “congelar” la legislatura. Es decir, mantener el apoyo puntual en cuestiones técnicas, pero negarse a respaldar las leyes clave. “Es un mensaje político más que institucional”, sentencian las fuentes cercanas a Junts consultadas por El Confidencial.