La jueza Aristea Afroditi Ortiz será la encargada de investigar lo que ocurrió este miércoles en el kilómetro 118 del corredor Madrid-Andalucía. Es la titular del juzgado de instrucción número 2 de Orgaz,Toledo. Acudió este miércoles varias veces al lugar de los hechos para documentar el lugar de la catástrofe, proceder al levantamiento de cadáveres de las víctimas y empezar a encargar los primeros atestados a la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Junto a ella, acudió la fiscal de guardia y el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Manuel Fernández García.
El objetivo es aclarar si los responsables de la catástrofe incurrieron en un delito de homicidio y lesiones imprudente penado con hasta cuatro años de prisión. Las últimas cifras oficiales cuantifican 68 fallecidos y medio centenar de heridos.
Por ello, la policía judicial debe realizar las primeras diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar quiénes pueden ser los posibles autores: “Estas diligencias deben ser rápidas, por si el órgano judicial debe adoptar medidas urgentes”, explica el magistrado Joaquim Bosch.
En este sentido, la Guardia Civil ya ha tomado declaración al operario de Adif que dijo al maquinista del tren de Renfe que continuará la marcha con normalidad pese a que había un tren Iryo parado en la vía por un problema en el sistema LZB. Una orden que el propio ministro de Transportes Óscar Puente tildó de “inexplicable”.
La jueza instructora en una de sus primeras provincias ha prohibido el acceso al lugar del accidente a terceras personas en un radio de 2 kilómetros. Solo podrán trabajar “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial son los únicos que cuentan con la autorización judicial para permanecer en la zona”, dice la providencia.
Asimismo, ha solicitado la retirada de las dos cajas negras de los trenes que han chocado y ha pedido a la Policía Judicial que reclame el informe “de la comisión de investigación de ADIF sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente. Además, “se ha oficiado a la Policía Judicial de Toledo para recabar datos de ADIF relacionados con protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario”, ordena la jueza
Por otro lado, ya hay partidos y asociaciones queriéndose personar en la causa como acusación popular. Vox pide la imputación del operario de Adif así como de sus superiores y los encargados de elaborar el protocolo de actuación.
Además, solicitan medidas cautelares para la “conservación y aseguramiento de las fuentes de prueba”. Para la formación “existe un riesgo real e inminente de pérdida o alteración de esas fuentes de prueba. La línea se encuentra interrumpida y la presión por restablecer el servicio hace previsible la retirada de material”. Además, rememoran la investigación por el accidente en Adamuz en la que aseguran que Adif retiró material que estaba investigando la Policía Judicial.
Asimismo, Manos Limpias también ha presentado una denuncia parecida.
Eso sí, la jueza cuenta con el apoyo de otra jueza, Mónica Iniesta. Colaboran en el levantamiento de cadáveres, autorizaciones judiciales y coordinación institucional.
También el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha activado Protocolo de actuación de Grandes Catástrofes para agilizar la identificación de víctimas y la práctica de autopsias.
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